La Fiscalía investiga a Trias por abonar el alquiler a los ‘okupas’

c. reino | barcelona

Los graves disturbios provocados por un grupo de activistas del movimiento ‘okupa’ de Barcelona, que ha protagonizado serios enfrentamientos esta semana con los Mossos d’Esquadra, pueden cobrarse su primera víctima política en la figura del ex alcalde de Barcelona, el convergente Xavier Trias. La Fiscalía de Barcelona anunció ayer que ha abierto diligencias contra el edil de Convergència por un presunto delito de malversación de fondos públicos. El asunto lo ha reconocido el propio Trias y tiene que ver con la gestión que hizo el ayuntamiento del local ocupado de Gracia y desalojado el lunes por los Mosssos y que ha provocado las violentas algaradas durante tres noches.

El objeto de la investigación son los 65.000 euros anuales que el consistorio pagaba al propietario del establecimiento para garantizarse la paz social con el movimiento okupa, con el que ya había tenido un fuerte enfrentamiento hace dos años con motivo del desalojo de otra casa ocupada, en este caso Can Vies, en el barrio de Sants. El titular del llamado Banco Expropiado es Manuel Bravo Solano, quien a cambio de la renta que recibía del ayuntamiento no instaba al juzgado a que desalojara el inmueble. El pago era, según Trias, sin el conocimiento de los ‘okupas’, pues entiende que nunca hubieran aceptado semejante acuerdo. El contrato suscrito con la empresa de Bravo Solano fue para doce meses, entre 2014 y 2015. Cuando el nuevo equipo de gobierno liderado por Ada Colau llegó a la alcaldía, decidió no renovar el contrato.

Entonces, el propietario acudió al juzgado para que instara al desalojo del local, lo que ha provocado los disturbios de esta semana.