La Udef cifra en dos millones las ayudas sospechosas a Ausbanc
Pedraz reclama documentación sobre las etapas de Pastor, Mato y Salgado en Sanidad.
El presidente de Ausbanc, Luis Pineda. BALLESTEROS
m. sáiz-pardo | madrid
Ausbanc se llevó al menos 2.000.346 euros en subvenciones públicas, presuntamente irregulares, según los cálculos -todavía muy provisionales- de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) y que coinciden con las estimaciones de la organización de consumidores Facua, acusación popular en la investigación abierta en la Audiencia Nacional contra la asociación de Luis Pineda.
Las nuevas estimaciones de la Policía Judicial sobre el «fraude a las subvenciones» que investiga el magistrado Santiago Pedraz están muy por encima de los 700.000 euros que la Fiscalía, en un primer momento, apuntó que Ausbanc podría haber ingresado por ayudas supuestamente irregulares de administraciones dirigidas por el Partido Popular en casi todos los casos.
Pedraz pidió ayer al Ministerio de Sanidad y a las consejerías de Economía, Empleo y Sanidad de la Comunidad de Madrid que faciliten a la policía toda la documentación que tengan sobre subvenciones concedidas a Ausbanc entre 2004 y la actualidad. Fuentes de la investigación precisaron que las subvenciones bajo sospecha proceden de las épocas de las populares Ana Pastor y Ana Mato y la socialista Elena Salgado al frente de Sanidad y de la casi totalidad de la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid.
La tesis de la Udef -que también viene propugnando Facua como acusación- es que todas y cada una de las ayudas públicas que consiguió Ausbanc podrían ser fraudulentas de origen, ya que logró su ingreso en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Reacu), condición ‘sine qua non’ para acceder a las subvenciones, a través de un proceso plagado de irregularidades. Ausbanc entró en el Reacu en julio de 2002 -el mismo día que Ana Pastor sustituyó a Celia Villalobos en Sanidad- tras años negándosele su ingreso. Y lo consiguió sin que Sanidad comprobara si cumplía con los requisitos exigidos por la ley.