EDITORIAL: Un plan de trabajo para afrontar los problemas de Castilla y León
Seis iniciativas legislativas, otras seis estrategias, once planes, cinco programas y dos agendas en lo que queda de año y a lo largo de 2017. Es el plan de trabajo de la Junta que su presidente, Juan Vicente Herrera, adelantó en el debate sobre política general de las Cortes y con el que el Gobierno autonómico se propone avanzar en sus cuatro grandes prioridades para este mandato: crecimiento y empleo, servicios públicos, desarrollo del modelo territorial y mejora de la calidad de la política.
Ese calendario de trabajo relaciona como primer asunto por orden temporal el anteproyecto de Ley de Atención a las Víctimas del Terrorismo y antes de fin de año será aprobado el proyecto de Ley de Transportes de Viajeros por Carretera, pero no deberá olvidar el Ejecutivo autonómico que la prioridad en materia legislativa habrá de ser la ley que cerrará el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio como paso previo a la definición de las Áreas Funcionales Estratégicas y a la elaboración del Plan Plurianual de Convergencia Interior. Es un asunto clave para resolver el desequilibrio territorial como problema histórico de la comunidad autónoma y para garantizar la igualdad en la prestación de los servicios básicos a los ciudadanos, pero cuyo desarrollo, además de la buena voluntad de quien lo propone, exigirá generosidad y aportación por parte de todos los grupos políticos y el más amplio consenso en su aprobación. Sólo de esa manera se alcanzará el éxito que se pretende.
La mejora y ampliación de la Red de Protección a las Personas y Familias y el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, dotado con 125 millones este año y 700 hasta 2020, deben ser los dos ejes clave de la política social tras años de castigo por la dureza de la crisis y como respuesta justa y solidaria de una administración comprometida a una demanda de la ciudadanía.
En materia de educación, además del Plan de Infraestructuras Universitarias 2016-2022 —de 55 millones—, deberá priorizarse la aprobación del decreto que regulará la Formación Profesional Dual y que, junto con la creación de la Oficina del Egresado Emprendedor destinada a orientar a los universitarios sobre de las posibilidades reales de emprender una actividad empresarial, debe ser un instrumento valioso para favorecer la creación de empleo.
Porque justamente el empleo, la despoblación y la situación económica, pese al 3% de crecimiento del PIB en el último año, siguen siendo los tres asuntos que más preocupan. Es cierto que hay 60.000 parados menos que en 2013 y 16.000 menos que un año atrás, pero también que todavía quedan 185.279 desempleados y que 19.000 jóvenes han tenido que abandonar la comunidad autónoma en el último año para buscar futuro fuera. Un capital humano valioso y desaprovechado, una sangría poblacional y una pérdida de talento que Castilla y León no puede seguir permitiéndose.