La juez de los ERE separa las piezas para evitar que prescriban los delitos
Entre las subvenciones investigadas figuran las concedidas al exchófer de Guerrero y a su madre.
Trujillo, en primer plano, el chófer que compró cocaína con las ayudas. JUAN FERRERAS
cecilia cuerdo | sevilla
El riesgo de las prescripciones de los delitos del que advirtió en numerosas ocasiones la Fiscalía empieza a marcar el rumbo de la macrocausa de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía. En un auto dado a conocer ayer, la juez instructora María Núñez Bolaños reconoce la «imposibilidad» de abrir todas las piezas existentes y la necesidad de ir empezando por aquellas con más posibilidades de que los delitos queden impunes. Así, ha ordenado abrir once nuevas piezas separadas que afectan a cuarenta ayudas, muchas de ellas concedidas a empresas de la Comarca Sierra Norte de Sevilla, a tres ayuntamientos y a Juan Francisco Trujillo, el que fuera chófer del director general de Trabajo Javier Guerrero y que reconoció haber gastado parte del dinero en juergas de alcohol y drogas con su jefe. Hasta en seis ocasiones solicitó la Fiscalía Anticorrupción la división de la causa para que no se eternizara y ganar en agilidad en un caso que acumula cinco años de instrucción, 270 imputados y 100.000 folios de sumario. Su criterio era compartido por el Tribunal Supremo, la Fiscalía del Supremo y el Tribunal Superior de Andalucía (TSJA). Pero siempre encontraron un muro: la anterior instructora, Mercedes Alaya, para quien la causa era «inescindible».
La situación cambió con el relevo de Ayala tras pedir esta el ascenso voluntario. Núñez Bolaños hace justo un año dio un giro a la instrucción y accedió a dividir la macrocausa en tres grandes bloques. Una primera pieza política, correspondiente al papel del Consejo de Gobierno andaluz para instaurar y mantener en el tiempo un sistema de concesión de ayudas inadecuado, opaco y discrecional. El segundo bloque se refiere a las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos en la tramitación de las ayudas, mientras que el tercer bloque es el más complicado, ya que hace referencia a cada una de las ayudas sociolaborales o directas concedidas. No menos de 200 piezas, una por cada ayuda.
En este sentido, Núñez Bolaños reconoce abiertamente en su auto que «resulta imposible abrir todas y cada una de las piezas existentes», por lo que concede que hay que comenzar ya «con aquellas que por referirse a ayudas directas existe riesgo de prescripción». De hecho, la propia juez ha archivado ya una veintena de ayudas concedidas por la Junta entre 2001 y 2010 al ser inferiores a los 450.000 euros y haber transcurrido más de una década desde que se recibieron los fondos. Entre las once nuevas piezas ahora separadas se encuentran las ayudas dadas al conocido como ‘chófer de la coca’, el que fuera conductor del director general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero. Trujillo, acusado de 22 delitos, confesó a la juez Mercedes Alaya que recibió 1,3 millones en ayudas de la Junta concedidas de forma irregular a cuatro empresas fantasma creadas expresamente para tales ayudas, y que incluso falsificó la firma de su madre para incluirla como beneficiaria de una prejubilación. Compró varios inmuebles, pero gran parte del dinero lo destinó a regalos, fiestas y drogas, igual que su jefe, con quien aseguró haber consumido hasta 25.000 euros al mes en cocaína y al que hizo costosos regalos de telefonía, ropa o antigüedades. También se incluyen 26 ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte, comarca de la que proceden Guerrero y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera.