La Generalitat hace oídos sordos a la última advertencia del Tribunal Constitucional

La Generalitat de Cataluña mantiene intacto su pulso con el Constitucional y con el Gobierno central después de que el lunes el tribunal de garantías activara el mecanismo que podría acabar sentando en el banquillo por desobediencia al presidente Carles Puigdemont, a la presidenta de la cámara autonómica, Carme Forcadell, y a otros altos cargos del Ejecutivo y el Parlamento catalán.

El ‘Govern’ hizo ayer oídos sordos a la advertencia del Constitucional de que, a la vuelta de las vacaciones, podría usar la vía penal para frenar el órdago soberanista de la ‘desconexión’ con el Estado, cuyo pistoletazo de salida lo dio el ‘Parlament’ el pasado 27 de julio con la aprobación de las conclusiones de «Comisión de Estudios del Proceso Constituyente».

La consejera de la Presidencia, Neus Munté, fue la encargada de garantizar que el Ejecutivo catalán no se moverá un milímetro su «hoja de ruta». Munté, como el resto de los miembros del Gobierno de Puigdemont y los responsables de la cámara autonómica, recibió ayer, en persona y de manos de representantes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la resolución aprobada el lunes por el Constitucional, en la que expresamente el tribunal exigió a los miembros del Ejecutivo y al Legislativo catalán que «impidan o paralicen cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada (la de la Comisión Constituyente), al tiempo de que les apercibía «de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir» si persisten en el órdago.

«Nos damos por enterados» fue la lacónica respuesta de Munté a la notificación de la corte, para luego negar que el Constitucional pueda actuar como «un tribunal ejecutor».