La acusación popular pide seis años de cárcel a Mas por el 9-N
La acusación popular en el caso del 9-N, que ejercen el Sindicato Profesional de Policía y la Unión Federal de Policía, reclama seis años de prisión y 22 años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y para las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau por su participación durante el simulacro de consulta soberanista de 2014.
La opinión de la acusación popular no coincide con la de la Fiscalía, que en su escrito de acusación solicitó hace una semana penas de diez años de inhabilitación para Mas y nueve años para sus excolaboradoras, pero no pidió penas de cárcel.
La Fiscalía les acusa de haber cometido los delitos de desobediencia grave y prevaricación, mientras que la acusación popular, que este lunes entregó su escrito de acusación y reclamó la apertura de juicio oral, entiende que además de esos dos delitos, los exmiembros del Ejecutivo catalán cometieron el delito de malversación de fondos.
En un principio, la Fiscalía también incluyó el delito de malversación (que implica penas de prisión), pero finalmente lo descartó. Según la acusación popular, Mas, Ortega y Rigau malversaron fondos públicos, en la medida en que realizaron gastos por valor de casi cinco millones que «facilitaron la indispensable infraestructura informática y logística» de la consulta del 9-N, un acto «ilegal que había sido prohibido por el Constitucional días antes».