La fragmentación en el Congreso ralentiza la reforma constitucional

P. DE LAS HERAS/N. VEGA | MADRID

Nunca había habido, desde que en 1978 se aprobó la Constitución que puso los cimientos de la democracia, tanta expectativa ante la posibilidad de su puesta a punto. Ni siquiera cuando en 2004 José Luis Rodríguez Zapatero impulsó una propuesta acotada sobre la que llegó a elevar consultas al Consejo de Estado. El tenso debate sobre el Estatuto de Cataluña y la oposición del PP cegaban entonces cualquier esperanza. Ahora, los populares conservan una mayoría de bloqueo para impedir la modificación del texto que este martes cumple 38 años, pero no tienen votos suficientes para negarse a su revisión en una subcomisión de estudio como la que esta semana reclamó el PSOE. Y aun así, de momento, los partidos son poco optimistas. Prácticamente todas las formaciones con representación en la Cámara baja, salvo el PP, se presentaron a las elecciones del 26 de junio con una propuesta de reforma constitucional.

La falta de mínimos comunes bien definidos es uno de los elementos que invita a las formaciones a la cautela. Pero no es el único. Si hoy por hoy tuvieran que apostar, la mayoría diría que va a ser difícil que esta legislatura alumbre un principio de acuerdo que pueda ser aprobado por dos tercios de las Cortes sencillamente porque no se da el clima adecuado. Es la tesis, por ejemplo, del socialista Eduardo Madina.

«La enorme fragmentación de la Cámara ha producido en los partidos una necesidad de definir fronteras que no ayuda», apunta. A su juicio, ese escenario puede provocar que algunas formaciones lleven sus posturas al extremo. Es el caso de los independentistas catalanes, pero también de Podemos. En su programa electoral, elaborado cuando Pablo Iglesias aún compartía las tesis de Iñigo Errejón sobre la transversalidad y la necesidad de llegar a las clases medias, se centraron en cinco propuestas de reforma concretas y dejaron a un lado cuestiones espinosas como la defensa de la República. Pero ahora Iglesias ha dado un giro hacia la radicalización. En la dirección del PSOE, en todo caso, consideran indispensable que esta legislatura se aborde al menos una modificación en el artículo 99 de la Carta Magna, que es el que regula el procedimiento para la investidura de un nuevo presidente tras las elecciones generales.

Lo paradójico es que precisamente Aitor Esteban, portavoz del PNV, cree que no tiene demasiado sentido embarcarse en una reforma para hacer sólo ese cambio. «El problema vivido para la investidura de un nuevo gobierno no ha sido tanto fruto del artículo 99 sino del bajo nivel de cultura política parlamentaria que hay en España».

En el diagnóstico coincide la primera fuerza política. El PP, reticente a cambios de calado en la norma que rige el ordenamiento jurídico, más aún en tiempos de incertidumbre, acoge con cautela el debate sobre la reforma constitucional. Pese a que las urnas han dibujado un Congreso fragmentado y obligado al entendimiento, los partidos han demostrado en este 2016 que la maquinaria de los pactos está por engrasar. Y con un Parlamento «en el primer curso de consenso», los populares creen extremadamente ambicioso y arriesgado acometer de inmediato un proceso de modificación de la Carta Magna. No es que en el PP no existan voces que apuesten por actualizar el texto. Esta misma semana, en la celebración anticipada del Día de la Constitución en la Comunidad de Madrid, la presidenta, Cristina Cifuentes, abogó por adaptar la norma, «que no es un dogma inamovible», y mejorar el modelo territorial.