CDC se financió ilegalmente con una contratación pública paralela

m. sáiz-pardo | madrid

La Guardia Civil y Anticorrupción apuntan a que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) había creado una verdadera «ventanilla única» de contratación pública paralela por la que obligatoriamente tenían que pasar todos los empresarios que aspiraban a adjudicaciones de envergadura de cualquier administración catalana controlada por el partido, ya fuera local, provincial o de la Generalitat.

Los adjudicatarios, a modo de peaje previo, debían donar una cantidad y, tras la contratación, abonar el resto de lo pactado hasta llegar a una cantidad que «no siempre era el 3%», aunque a veces sí que se acercaba. De acuerdo con las investigaciones de la operación Petrum, este sistema corrupto se extendió hasta meses antes de que Artur Mas abandonara la presidencia del gobierno autonómico en enero de 2016.

Cientos de millones

Según revelaron ayer responsables del caso, la envergadura de las mordidas todavía no ha podido ser calculada, pero los expertos ya apuntan a que, sumadas las cuatro fases de Petrum, los concursos amañados ascenderían a varios «cientos de millones de euros». Y todas esas adjudicaciones pasaban por la «ventanilla única» que CDC había instalado en su sede.

En los últimos tiempos esta ‘oficina de recaudación del 3%’ estaba instalada en el despacho del tesorero del partido Andreu Viloca, que también era tesorero de las dos fundaciones de Convergència, CatDem y Forum Barcelona. Viloca volvió a ser detenido el jueves tras ya haber sido arrestado y encarcelado en octubre de 2015. Pero los investigadores han puesto ya en su punto de mira al antecesor de Viloca, Daniel Osácar, y al exgerente y exconsejero de Justicia de la Generalitat Germà Gordó, hombre muy cercano en su época a Artur Mas e inmediato superior de Viloca.

El ‘modus operandi’ era siempre el mismo, ya fueran las operaciones amañadas que se descubrieron en el primer ayuntamiento investigado, el de Torredembarra en Tarragona, o las adjudicaciones fraudulentas del consistorio de Barcelona gobernado por Xavier Trías que dieron lugar el jueves a la última redada. Las grandes adjudicaciones de las administraciones gobernadas por CiU antes de ser redactadas pasaban en forma de borrador a Viloca. El extesorero entonces se reunía con los empresarios ‘amigos’ para diseñar ‘a la carta’ el concurso. La idea siempre era dejar un 70% de la puntuación a la oferta técnica (mucho más subjetiva) y el 30% restante a la oferta económica. Tras la publicación del concurso, el empresario abonaba la primera parte de la mordida a través de donaciones a las fundaciones. Tras la adjudicación, el resto del dinero por el mismo sistema. Luego, desde CatDem y Forum Barcelona el dinero se desviaba a la caja B del partido, a veces con facturas falsas.

Concursos, reuniones...

En palabras de Anticorrupción: «los concursos son amañados de manera que la irregularidad no consiste en saltarse los requisitos formales sino en que vienen otorgados previamente, dándoles los investigados una apariencia de regularidad. Por ello, si se analizan dichos concursos sin el contexto de las reuniones previas y las donaciones, fundamentalmente a CatDem, no se atisba su carácter fraudulento».

Solo en esta última fase de Petrum están en el punto de mira 19 contratos y una decena de empresas. Las pruebas de este ‘modus operandi’ y de las mercantiles implicadas aparecieron, entre otros lugares, en los registros del verano de 2015 del despacho de Viloca y de su destructora de documentos.