El Gobierno está dispuesto a suspender la autonomía si se celebra el referéndum

ramón gorriarán | madrid

El Gobierno ha estudiado «todas» las previsiones constitucionales y legales para impedir que se celebre un referéndum en Cataluña. Aunque La Moncloa no cree que el Gobierno de Carles Puigdemont vaya a convocar la consulta pese a sus reiterados anuncios en ese sentido para septiembre o incluso antes del verano, tiene todo listo para actuar, incluso con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que prevé la intervención y la suspensión de la autonomía de una comunidad.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy había huido hasta ahora de mencionar en público el artículo 155 para, decían, no alimentar el sentimiento victimista de los independentistas, pero el ministro de Justicia lo citó ayer, primer día del juicio por el 9-N, con toda la intención. «Por supuesto que la aplicación del 155 está estudiada», aseguró Rafael Catalá. El Gobierno, abundó, tiene analizadas las respuestas legales y «los mecanismos de coordinación de resolución de conflictos. Somos un Gobierno serio y no improvisamos».

El artículo 155 señala que el Gobierno, con el respaldo «por mayoría absoluta del Senado», podrá «adoptar las medidas necesarias» para obligar a una comunidad al «cumplimiento forzoso» de sus obligaciones constitucionales. Para ello, el Gobierno podrá «dar instrucciones a todas las autoridades» de la comunidad afectada.

Menos beligerante se mostró la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que hasta pidió no dramatizar más las cosas. La primera jornada del juicio del 9-N fue, a su parecer, un asunto que hay que mirar con normalidad porque «la vida de los ciudadanos no se paraliza por procesos que afecten a sus gobernantes». Tienen, vino a decir, otras cosas más importantes por las que preocuparse. Tras la habitual petición de respeto a los procedimientos judiciales, se negó a responder a las acusaciones de Mas al Gobierno en su interrogatorio porque «ni comenta ni participa de las estrategias (de defensa) de los acusados». El expresidente catalán dijo ante el tribunal que con la consulta del 9-N no se cometió ilegalidad alguna porque el Ejecutivo central no actuó para evitarla.

La vicepresidenta fue más locuaz para mostrar su confianza en «la colaboración» del PSOE y Ciudadanos frente al reto independentista. Los aludidos no defraudaron a la número dos del Ejecutivo y el portavoz de la gestora socialista, Mario Jiménez, advirtió a los secesionistas que «nada va a ser posible en España al margen de la ley». Albert Rivera se alineó sin dudas de ningún tipo con el Gobierno y reprochó a los independentistas, y sobre todo a Mas, su «épica barata de laboratorio».