El ex alto cargo que juzgará a Chaves y Griñán no se inhibirá de la causa
El juez Pedro Izquierdo fue secretario general para la Justicia de la Junta de Andalucía.
cecilia cuerdo | sevilla
El juez elegido por sorteo para enjuiciar a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la pieza política de los ERE ha anunciado su intención de no inhibirse de la causa pese a haber sido alto cargo del ejecutivo andaluz durante la etapa de ambos ex mandatarios, por lo que solicitará que sean las partes quienes soliciten su recusación. El magistrado Pedro Izquierdo, que no pertenece a ninguna asociación judicial, entiende que no hay «causa legal» para renunciar al puesto.
El azar ha sido caprichoso con la causa que investiga a la cúpula de la administración andaluza durante una década por haber concedido 741 millones de euros para ayudas sociolaborales y a empresas en crisis mediante un procedimiento inadecuado que permitió la discrecionalidad o incluso que se colaran ‘intrusos’ entre los prejubilados. Fue el presidente de la Audiencia provincial quien planteó la posibilidad de acudir a un sorteo para el reparto de la causa ante las «excepcionales circunstancias de especial complejidad y de singular trascendencia mediática», decisión que fue ratificada por el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El sorteo del jueves determinó que, de entre tres secciones disponibles -una cuarta quedaba descartada al haber sido la encargada de resolver los recursos- sería la Sección Primera la encargada de enjuiciar la causa que afecta a los dos ex presidentes andaluces y otros 24 ex altos cargos de sus gobiernos. Justamente la sección presidida por Izquierdo. Éste, no obstante, pidió «sosiego y calma» y recordó que aún quedaba otro proceso por cubrir: la elección de los magistrados del tribunal.
Nada más conocer su designación, el magistrado, que fue secretario general para la Justicia en la Administración regional entre 2008 y 2014, aseguró que no tenía intención de inhibirse al no «existir causa legal» para ello. Así, avanzó que remitirá un escrito a las partes personadas exponiendo la situación para que planteen, en su caso, un incidente de recusación si consideran que con su elección puede verse «comprometido» el desarrollo normal de la actividad del tribunal.