La juez de los ERE procesa al chófer que gastó millón y medio en drogas y regalos

cecilia cuerdo | sevilla

María Núñez Bolaños, la juez instructora del caso de los ERE fraudulentos pagados con dinero público en Andalucía, ha procesado al ex director general de Trabajo Javier Guerrero y su chófer, Juan Francisco Trujillo, por las ayudas públicas de casi un millón y medio de euros que recibió el segundo de forma arbitraria y que, según confesó, gastó en la compra de regalos y cocaína para su jefe. El auto judicial establece que estos hechos serían constitutivos de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsificación en documento mercantil y tráfico de influencias, aunque ahora las partes tienen 10 días para presentar sus escritos de acusación o pedir el sobreseimiento de la causa.

Junto a Guerrero y su chófer aparecen procesados también un directivo de la empresa aseguradora Vitalia, que habría tramitado las ayudas, y el socio del chófer en una de las empresas beneficiarias de las subvenciones. En el auto, la juez estima que de forma indiciaria puede afirmarse que el ex director general de Trabajo otorgó diversas ayudas «de forma arbitraria y con ánimo de lucrarse él mismo y Juan Francisco Trujillo». Para ello, aconsejó a su conductor que creara dos empresas dado que, como «tenía facultades para conceder subvenciones y que no tenía que justificar nada, podía otorgárselas presentando una memoria muy simple».

El mecanismo para conceder las ayudas siempre era el mismo: el ex director general de Trabajo las acordaba «sin más trámite, y posteriormente, celebraba un convenio con el Instituto de Fomento de Andalucía en virtud del cual dicha institución debería realizar el pago de las ayudas concedidas, indiciariamente, de forma arbitraria para su lucro y el de sus amigos o conocidos a sabiendas del carácter ficticio de dichas empresas y de la finalidad indiciariamente ilícita de la ayuda concedida».