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León

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Técnicos de Instituciones Penitencias y juristas de los Ministerios de Justicia e Interior y del Gobierno debaten desde hace semanas diversos escenarios de «movimientos» —rechazan hablar de acercamientos— de presos de ETA para el caso, que consideran «muy próximo», de que la banda terrorista formalice su disolución. Según diversos responsables de la lucha antiterrorista, no hay todavía «ningún plan específico» cerrado a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos y, sobre todo, hasta valorar el «alcance» de esa hipotética desaparición de la organización y la «calidad» de su desarme.

Los trabajos se han acelerado desde que el pasado 17 de marzo, cuando se anunció la entrega de armas, paso previo, entienden, a su desaparición. El mensaje oficial del Ministerio del Interior, no obstante, es el mismo que el propio Juan Ignacio Zoido adelantó a Colpisa en su entrevista del pasado 30 de diciembre, el de que ETA tiene que cumplir cinco condiciones si quiere cambios en la política penitenciaria: disolverse, entregar las armas, manifestar su arrepentimiento, pedir perdón a las víctimas y resarcir el daño. Aún declarando la banda su final, solo cumpliría los dos primeros requisitos.

Se trata de unas condiciones más duras, incluso, de las que habló su antecesor, Jorge Fernández Díaz, que apuntó que la disolución y el desarme podrían abrir la puerta a ese acercamiento. «Si ETA entregara las armas y anunciara su disolución, con carácter general la política de dispersión podría ser reconsiderada», dijo Fernández el 6 de julio del año pasado.

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