Fiscalía, Justicia e Interior niegan presiones en Lezo

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza. EMILIO NARANJO

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León

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Ni «interferencias» ni «injerencias» ni «presiones», Y mucho menos «chivatazos». Todo son «elucubraciones» en palabras del fiscal general de Estado, José Manuel Maza. Casi once horas de intervenciones en el Congreso, cuatro preguntas en la sesión de control, una interpelación urgente y dos comparecencias en la Comisión de Justicia no arrojaron nada de luz sobre las supuestas intrusiones de las altas instituciones en los más recientes casos de corrupción y, en particular en la operación Lezo. Fiscalía y Gobierno lo negaron todo y atacaron a la oposición por socavar los poderes del Estado basándose en «sospechas injustas».

Los responsables del Ministerio Público, de Justicia y de Interior fueron un verdadero frontón. Su tesis, machacada hasta la saciedad, fue la de no hay caso. Un argumento que no evitó que durante toda la jornada se sucedieran las peticiones de dimisión y las exigencias de explicaciones en la Cámara baja, convertida ayer en una suerte de comisión de investigación repartida por todo el palacio de la Carrera de San Jerónimo. Maza, los ministros Rafael Catalá y Juan Ignacio Zoido y el secretario de Estado para la Seguridad, José Antonio Nieto, hablaron durante horas para defender que no ha habido una sola intervención por parte de las instituciones del Estado para sabotear las investigaciones de corrupción que salpican al PP.

«Este ministro jamás ha interferido ni interferirá nunca en una investigación judicial, y quien diga lo contrario, miente, miente intencionadamente, miente con mala fe y miente con una saña, un rencor y una crueldad injustificable en ningún ámbito de la vida, ni siquiera en el de la política», clamó Catalá en la quinta ocasión que intervino en el Congreso para defender que el Gobierno no ha movido un dedo ni para nombrar fiscales afines ni para zancadillear los casos que afectan a los populares.

Casi con la misma vehemencia, Maza salió en defensa de su subordinado y jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, convertido en la bestia negra de la oposición y al que todos, excepto Ciudadanos y el PP, exigieron que se marchara.

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