El código ético contra la corrupción acorrala a la presidenta de Madrid

«Si le imputan, tendrá que dimitir». Durante las cuatro horas que transcurrieron en la tarde de ayer hasta que el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, descartó proceder contra Cristina Cifuentes, el entorno de la presidenta madrileña contuvo el aliento. Su Código Ético no admite matices. Una investigación judicial supone la renuncia inmediata y quien ha abanderado el discurso de ‘tolerancia cero’ contra la corrupción, no tiene excusas. «El listón se lo ha puesto ella con sus propias palabras», alertaron fuentes del PP, donde subsisten las dudas sobre el momento procesal en el que un cargo debe abandonar sus responsabilidades.

Nadie cuestionó que una citación como investigada habría supuesto el final de Cifuentes en el Gobierno regional, aunque tampoco en el partido dieron crédito a las sospechas de la Guardia Civil. El informe de la Unidad Central Operativa contemplaba que la presidenta podría haber cometido posibles delitos de prevaricación y cohecho por la adjudicación del servicio de cafetería y cocina de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández. «Es una relación de juicios de valor sin fundamento jurídico», salió en defensa de su «honradez» la dirigente madrileña, después de verse arropada por el juez. Y sólo entonces el PP se pronunció en público para cerrar filas y respirar aliviado.

‘Sotto voce’ el debate se centró, en cambio, en qué habría ocurrido si el magistrado hubiese decidido ahondar en la hipótesis de la UCO.

En la Comunidad de Madrid, además, el PP depende de su pacto con los liberales. Ciudadanos advirtió de que no le «temblará el pulso» ante posibles irregularidades, aunque por ahora mantiene «la prudencia».