Los tesoreros serán interrogados el jueves en el Congreso y el Senado
m. sáiz-pardo | madrid
El próximo jueves se va a vivir una situación inédita en el parlamentarismo español: la celebración simultánea de dos comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado, con un mismo objetivo, el de analizar la financiación de los diferentes partidos.
En la Cámara baja están citados cuatro de los tesoreros y exresponsables de las cuentas del PP en la comisión que indaga sobre la supuesta caja B de la formación que lidera Mariano Rajoy y que los populares -aunque votaron a favor de su constitución- consideran que ha derivado en una ‘caza de brujas’ contra su formación. A la misma hora, en la Cámara alta el interrogatorio de los responsables de las cuentas del PSOE, Podemos y Ciudadanos abrirá los trabajos de una comisión, que ya ha sido boicoteada por la práctica totalidad de la oposición, al considerar que se trata de una vendetta por la investigación abierta en el Congreso.
El doble duelo de tesoreros está servido y las estrategias están listas. La oposición ya es consciente de que en la Cámara baja va a ser difícil sacar algo en claro. Los antecedentes no pintan bien. El pasado 26 de junio, en la sesión inaugural de la comisión del Palacio de la Carrera de San Jerónimo, Luis Bárcenas no contestó a casi nada, argumentando que está inmerso en dos causas judiciales y que responder a las preguntas sobre la financiación irregular del PP podría perjudicar a su defensa judicial. El jueves están llamados Carmen Navarro, que está actualmente en el cargo, además de Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta y Rosendo Naseiro.
Con este panorama el PP considera «controlada» por el momento la situación en el Congreso -siempre a expensas de la citación de Rajoy del resto de la plana actual y pasada del partido- y prepara su contraataque en la Cámara alta. El senador popular leonés Luis Aznar coordina ya a un equipo de casi una veintena de parlamentarios y asesores en su intento de desnudar las cuentas del resto de los partidos. Aznar, que niega que se trate de una venganza, aspira a liderar una «rigurosa» macro investigación sobre la financiación de todos los partidos que podría alargarse mucho más allá de los doce meses de plazo actual.