El Estado, en alerta para que el TC frene cualquier ardid del Parlament
m. s. p. | madrid
Es solo la calma que precede a la tempestad. Hay una tregua de poco más de dos semanas, pero el Estado y sus funcionarios no están descansando. O al menos, no los ‘cerebros’ que trabajan para contrarrestar la ofensiva independentista. A partir del 16 de agosto volverá la batalla legal con la reapertura de la cámara autonómica catalana y la posibilidad de que la Mesa admita a trámite la proposición de ley del referéndum registrada el pasado lunes por Junts pel Sí y la CUP. Pero en el Gobierno, aseguran sus servicios jurídicos, «estamos más que preparados para cualquier escenario que pretenda plantear el Parlament o incluso la Generalitat» para impulsar la consulta secesionista del próximo 1 de octubre.
Las armas legales están afiladas y las órdenes desde Moncloa son taxativas: conseguir que el Constitucional suspenda en menos de 72 horas cualquier ardid para promover el plebiscito. En solo tres días, y tras el toque a rebato que supondría cualquier decisión oficial (y por tanto recurrible) del Parlament o de la Generalitat, habrá respuesta de la corte de garantías, después de que los servicios jurídicos del Estado hayan estudiado el movimiento, el Consejo de Ministros haya autorizado a Mariano Rajoy a presentar el recurso y el Consejo de Estado haya informado a favor de la apelación.
El pasado miércoles, Rajoy ya lo avisó. No descarta ni mucho menos convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en cualquier momento de agosto. Y no tendrá problema. Todos sus ministros están veraneando en España por órdenes suyas, aunque en realidad al presidente del Ejecutivo le basta con que sólo la mitad de su gabinete esté presente para que sus resoluciones sean válidas.
La gran mayoría de los ministros se fueron de vacaciones ya advertidos de que pueden ser llamados en cualquier momento, pero las alarmas se han encendido, aún más si cabe, después de que el lunes el Constitucional, tal y como estaba previsto, suspendiera de manera inmediata y de forma preventiva la reforma del reglamento que facultaba a la cámara a tramitar en lectura única las denominadas ‘leyes de desconexión’.