Junts pel Sí y la CUP crean el marco legal para la república catalana

C. Reino / N. Vega | Barcelona

Veinticuatro horas después de que Mariano Rajoy instara a Carles Puigdemont a renunciar a su plan rupturista, la respuesta de los secesionistas no pudo ser más contundente. No solo mantienen la hoja de ruta, con el 1 de octubre como eje del proyecto de desconexión, sino que ayer se comprometieron a aprobar en el Parlamento catalán la ley de la desconexión, calificada por los soberanistas como declaración de independencia de facto, antes de que se celebre el referéndum, a pesar de que la mayoría de la sociedad catalana (según las últimas elecciones autonómicas y generales) no suscribe la separación.

A 34 días del 1 de octubre, Junts pel Sí y la CUP sacaron ayer del cajón la ley de transitoriedad jurídica, la norma con la que Cataluña rompería formalmente con el resto de España y empezaría a actuar como un Estado. La ley, según los planes secesionistas, solo entraría en vigor en caso de victoria del sí en el referéndum. En ese supuesto, la ley crearía el marco legal catalán alternativo al español y serviría de base para el periodo de transición, hasta que Cataluña se constituyese como una república. En esencia, la ley declara que «Cataluña se constituye en una república de derecho, democrática y social». Se presenta como la norma «suprema del ordenamiento jurídico», el Ejército dejaría de tener jurisdicción en Cataluña, el Estado catalán asumiría el control de las fronteras y la Generalitat sería la única autoridad tributaria. El presidente autonómico se convertiría, mientras, en jefe del Estado de la República.

El periodo de transición contemplado por la norma tras el 1-O podría prolongarse durante un año, hasta el otoño de 2018. Según las estimaciones de los independentistas, tras la hipotética victoria del sí en el referéndum, la Cámara catalana proclamaría la independencia y a partir de ahí se abriría un proceso participativo de seis meses para la elebaración de una Constitución. Sobre la primavera, Puigdemont convocaría elecciones constituyentes y la Cámara resultante recibiría el encargo de redactar una Carta Magna que sería sometida a referéndum. Aprobado el marco constitucional por los ciudadanos, se celebrarían las primeras elecciones de la nueva República, de las que saldría el primer presidente de la Generalitat independiente.

Votación vinculante

Junts pel Sí y la CUP, que no dieron pistas sobre cuándo prevén aprobar la ley, justificaron las prisas en el hecho de que de esta forma quienes acudan a votar el 1-O lo harán con conocimiento de causa. Pero también buscan presionar a los del no (que no piensan ir a votar) sobre las consecuencias de quedarse en casa. El independentismo es consciente de que el referéndum solo será vinculante si logra una amplia participación, que supere los tres millones (más del 50% del censo). Al secesionismo, en cualquier caso, se le acumula el trabajo, ya que en escasos 30 días tiene que sacar adelante la ley del referéndum, firmar el decreto de convocatoria de la consulta y aprobar la ley de transitoriedad. Las dos leyes secesionistas se encuentran en el mismo punto. Ambas han sido registradas en la Cámara catalana y ambas están a la espera de que la mesa las tramite, momento en que el Gobierno podría intervenir para recurrir ante el Constitucional, que las suspendería de manera automática.