Puigdemont dice que desobedecerá al Constitucional y que habrá urnas

C. Reino | Barcelona

Si el Gobierno central quiere frenar el referéndum deberá ir pensando en alguna alternativa que vaya más allá de recurrir al Tribunal Constitucional. El Ejecutivo catalán fue ayer más explícito que nunca y advirtió por partida doble de que desobedecerá la decisión de la corte cuando anule la ley del referéndum.

Lo hizo el presidente de la Generalitat y lo hizo su portavoz, tras la primera reunión del Gobierno tras las vacaciones, en la que el independentismo dio un paso más hacia la colisión. «Si el Estado nos impide el referéndum, iremos a votar», afirmó Carles Puigdemont. El consejero de la Presidencia, Jordi Turull, fue aún más expeditivo: «El Gobierno catalán será absolutamente leal al mandato que salga del Parlamento catalán. Obedeceremos a la Cámara catalana, con todas las consecuencias». Una desobediencia que exigía la CUP y ante la que el PDeCAT era remiso, y Esquerra, ambigua.

A poco menos de un mes de la consulta, y sin que aún se conozca cómo y cuándo aprobarán Junts pel Sí y la CUP la ley del referéndum, lo que sí se sabe es que el Ejecutivo catalán está preparado para ir a una confrontación directa con el Estado y que va a por todas. Al menos eso es lo que avisa. Ya no se trata de acumular fuerzas para una hipotética negociación posterior al 1 de octubre, sino que la Generalitat, y en especial el PDeCAT y Esquerra, han comprometido su crédito político a seguir hasta el final con el referéndum y a no detenerse digan lo que digan los tribunales.

Desobediencia

Llevan meses amagando con la desobediencia, ya que el primer pronunciamiento en este sentido fue la declaración de soberanía del 9-N de 2015, según la cual Junts pel Sí y la CUP iniciaron el proceso de creación la república catalana y proclamaron que el Parlamento catalán «no se supeditará a las decisiones del Tribunal Constitucional». Pero con posterioridad esa firmeza cayó en el olvido.

Lo que hace dos años fue una declaración de intenciones, se hará efectivo en las próximas semanas, en cuanto la Cámara catalana apruebe la ley del referéndum y el Gobierno catalán firme el decreto de convocatoria de la consulta, que serán suspendidos por el Constitucional previo recurso del Gobierno de Mariano Rajoy. «No nos movemos en términos de desobedecer o no acatar, lo que obedeceremos es el mandato de los ciudadanos y el Parlamento porque eso es la democracia», aseguró Turull.

Desde la CUP describieron la situación de una manera gráfica: «El Constitucional va a trabajar intensamente estos días. Serán horas perdidas», según la diputada Mireia Boya. Los antisistema están encantados por haber impuesto su tesis a sus socios y contemplan un escenario casi revolucionario para los próximos meses. «Habrá ley de transitoriedad si el pueblo la defiende, primero votando en el referéndum y después en la calle defendiendo el resultado», dijo otra parlamentaria, Gabriela Serra.

Después de las destituciones de consejeros y altos cargos en julio, la determinación del secesionismo con el referéndum es absoluta, aunque empiezan a reconocer que el tiempo se les echa encima. El 1 de octubre habrá urnas, colegios abiertos y papeletas,garantizaron ayer tanto Puigdemont como Turull. El compromiso del presidente de la Generalitat, según afirmó en una entrevista con ciudadanos en Facebook, es organizar una votación «políticamente vinculante».