La Fiscalía decidirá sobre las denuncias a los Mossos
Al menos ocho juzgados piden a la policía catalana informes sobre su actuación.
mateo balín | madrid
Al menos ocho juzgados ordinarios de Cataluña han abierto diligencias previas de oficio o por denuncias de particulares, en su mayoría, por la supuesta desobediencia de los Mossos d’Esquadra en el cumplimiento del mandato judicial, que ordenaba el cierre de los edificios y locales públicos que fueran usados para el referéndum del domingo y la incautación de todo el material electoral para evitar la votación.
En concreto, los órganos que han recibido estas denuncias son el Juzgado de Instrucción número siete de Barcelona (ocho), el Juzgado de Instrucción tres de El Vendrell (una), el Juzgado de Instrucción siete de Cerdanyola del Vallès (tres), el Juzgado de Instrucción uno de Santa Coloma del Gramanet (una), el Juzgado de Instrucción cuatro de El Prat de Llobregat (dos) y el Juzgado de Instrucción cuatro de Mataró (una).
Asimismo, el Juzgado de Instrucción número dos de La Seu d’Urgell (Lérida) ha abierto diligencias de oficio por supuesta desobediencia de los Mossos a las medidas acordadas por la magistrada del Tribunal Superior de Cataluña Mercedes Armas, en el marco de la querella presentada por Fiscalía contra el Govern. En concreto, en su auto del pasado miércoles reclamaba, además de impedir la votación, la obligatoriedad para que la policía catalana, Guardia Civil y Policía Nacional actuaran «conjuntamente» para la efectividad de lo ordenado.
En este caso, el juzgado ilerdense asegura que se impidió la votación en al menos siete emplazamientos y ha pedido información a los Mossos sobre el dispositivo de seguridad y prevención del delito puesto en marcha este domingo. La misma circunstancia ha ocurrido con el Juzgado de Instrucción cuatro de Lérida.
La apertura de diligencias previas supone que los juzgados, además de pedir informe previo a los Mossos, deberán de dar traslado a las respectivas fiscalías provinciales para que resuelvan sobre la admisión a trámite o no de las denuncias. En caso positivo, el Ministerio Público tendría que dirigir la acción penal contra la persona o personas supuestamente responsables de la desobediencia de las resoluciones judiciales, un delito penado con inhabilitación para empleo o cargo público, o de la omisión de perseguir delito.
En este punto hay que recordar que el Tribunal Constitucional ya advirtió, entre el millar de altos cargos, a los responsables de los Mossos en caso del incumplimiento de sus resoluciones.
Todos estos factores deberán ser tenidos en cuenta por los juzgados para decidir si prosperan o no las denuncias presentadas y contra quién. La Fiscalía tendrá probablemente la última palabra.