El coste de la deuda pública se duplica en la primera subasta tras el referéndum

Los efectos de la tensión que se vive en Cataluña comienzan a extenderse a una parte de la economía que vivía su particular oasis en los últimos meses. Las miradas se dirigen, de nuevo, al coste de la deuda pública, esto es, el tipo de interés que los inversores nacionales -y sobre todo extranjeros- exigen a España por adquirir sus emisiones con las que se financia todo el país. La primera subasta celebrada después del referéndum del 1 de octubre, y a pocos días de la posible declaración unilateral de independencia, se ha saldado duplicando los intereses que el Estado asume abonar a quienes acudieron a la colocación.

Así ocurrió con los bonos a cinco años, cuyo interés marginal se fijó en el 0,55% frente al 0,22% de la subasta anterior, llevada a cabo el pasado mes de marzo. Esta diferencia supone un aumento del 100% en la rentabilidad que el Estado tiene que abonar para este producto, cuando venza en el año 2022, un ascenso que hasta ahora no se había visto en ninguna subasta durante este ejercicio. En cualquier caso, el Tesoro Público ha colocado 3.208 millones de euros, aunque la demanda de los inversores sigue siendo muy pujante, al acercarse a los 6.800 millones de euros.

Por su parte, la deuda a más largo plazo no ha sufrido tanto como lo ha hecho la de corto plazo, a la espera de cómo se desarrollen los acontecimientos en Cataluña, el único foco de riesgo que las casas de análisis consideran que existe para que se produzca un incremento de los intereses a abonar.

En este contexto, la prima de riesgo se encuentra estable en el entorno de los 122 puntos básicos, lo que supone una ligera caída del 7,4% con respecto a la jornada anterior.