Cataluña afronta los peores momentos del ansiado proceso independentista

Ramón Gorriarán | Madrid

Después de las convulsas jornadas del 1 (votación), 2 (protestas por la actuación policial) y 3 de octubre (huelga general), el proceso independentista de Cataluña se ha tomado un respiro callejero, que no político. Como dice el tópico, es la calma que precede a una tormenta cuyas dimensiones son impredecibles. Todo se juega esta semana, pero las cartas no están echadas porque los protagonistas esconden con celo sus próximos movimientos. Hasta entonces, un compás de espera.

En medio de esta incertidumbre, hay una certeza: falta lo peor. En eso coinciden el Gobierno central, la Generalitat, las formaciones políticas de uno y otro bando, las fuerzas de seguridad y las plataformas cívicas. Las tensiones vividas en los últimos días podrían convertirse en un asunto menor, tanto si el Parlamento de Cataluña proclama la independencia, como si recula y no lo hace. Porque en este momento nadie sabe qué va a pasar el martes con la comparecencia ante la Cámara legislativa de Carles Puigdemont.

El presidente de la Generalitat escucha a unos y otros, y ha constatado que el soberanismo no sabe qué hacer. Salvo la CUP, para la que la independencia ya está tardando porque se debería haber proclamado hace varios días, en el PDeCAT, el partido de Puigdemont, y Esquerra Republicana hay criterios contrapuestos. Saben que no pueden dar marcha atrás, y lo reconocen en público y privado, el dilema es cómo dar el paso adelante. Después de la votación del domingo, estaba claro, tenía que ser un movimiento contundente, con una declaración de independencia pura y dura, y que pase lo que tenga que pasar. Pero el último toque de atención de Artur Mas sobre la falta de preparación para la ruptura afloró el soterrado debate del soberanismo.

Las opciones

Declarar la ruptura con España, pero qué pasa después si no hay reconocimiento internacional ni control de fronteras ni del territorio y sin estructuras estatales. La solemne declaración de independencia de Cataluña, dicen los más cautos, sería una anécdota en la historia, una nota a pie de página sin más trascendencia ni impacto real.

Todo ello sin contar con las seguras responsabilidades penales para sus promotores. El anterior presidente de la Generalitat que se arrojó a una aventura secesionista fue Lluis Companys en 1934 y acabó, junto con sus consejeros, en la cárcel. Un futuro similar auguran sin excepción los profesionales del derecho para Puigdemont, Oriol Junqueras, el resto del Ejecutivo, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la Mesa de la Cámara. Una independencia sin efectos jurídicos ni políticos también acarrearía una inmensa frustración para esos dos millones y medio o tres de catalanes que por ahora son el techo demográfico del soberanismo. Cinco años de movilizaciones sin descanso y con fe en las promesas gubernamentales se irían al cubo de la basura. Por todo ello, Puigdemont está persuadido de que no puede recular pero tampoco dar un paso en el vacío. Tiene 48 horas para encontrar una solución que, eso seguro, si contenta a unos disgustará a los otros.