Diario de León
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La Fiscalía General del Estado ultima su querella por un delito de rebelión contra los artífices de la declaración de independencia aprobada ayer por el Parlament, una acción penal que afectará al menos a los miembros del Govern y a los de la Mesa del Parlament que han permitido la votación. El delito de rebelión, tipificado en el artículo 472 del Código Penal y siguientes, prevé penas de entre 15 y 25 años de prisión para quienes, «induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión», para «los jefes principales de ésta». Quienes ejerzan «un mando subalterno» pueden ser castigados con condenas de prisión de diez a quince años, y los meros participantes se enfrentan a posibles castigos de cárcel de cinco a diez años.

La pena más alta, 30 años de cárcel, se plantea para aquellos jefes de rebeliones en las que se hayan esgrimido armas, causado estragos o ejercido la violencia.

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