La Fiscalía se querella contra Puigdemont, el Govern y Carme Forcadell por rebelión
Maza incluye en sus actuaciones los hitos del plan secesionista desde las elecciones de 2015 hasta la aprobación de la DUI.
M. Balín | Madrid
La Fiscalía General del Estado se querelló ayer por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos contra los 20 promotores de dos años de proceso independentista en Cataluña, que comenzó en noviembre de 2015 y culminó el pasado viernes con la aprobación en el Parlament de la llamada declaración unilateral de independencia (DUI). Las actuaciones penales van dirigidas contra los 14 exmiembros del Govern, con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras a la cabeza, y seis de los integrantes de la Mesa de la Cámara catalana presidida por Carme Forcadell, que acordaron tramitar y votar la propuesta de Junts pel Sí y la CUP pese a los informes adversos de los letrados del Parlament.
La primera querella de 118 folios presentada en la Audiencia Nacional afecta a los integrantes del Govern y será instruida por la juez Carmen Lamela, que ya dirige la causa por un delito de sedición contra el exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por obstaculizar supuestamente el trabajo de la comisión judicial de la operación Anubis del 20 y 21 de septiembre en Barcelona. Unas pesquisas que se han acabado ampliando al referéndum ilegal del 1 de octubre y que ha acabado con los responsable de las plataformas independentistas ANC y Omnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, en prisión provisional sin fianza. En esta querella se encuentran Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turul, Raül Romeva, Antoni Comín, Josep Rull, Dolors Bassa, Merritxell Borràs, Clara Ponsatí, Joaquim Forn, Lluís Puig, Carles Mundó, Santiago Vila y Merritxell Serret. Todos ellos ya están imputados por delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), después de aprobar las llamadas leyes de ruptura el 6 de septiembre.
Por su parte, la querella de 116 páginas anunciada ayer por el fiscal general, José Manuel Maza, ante el Tribunal Supremo afecta a seis integrantes de la Mesa del Parlament: los diputados de Junts pel Sí Carme Forcadell, Lluís María Corominas, Lluís Guinó, Ana Simó y Ramona Barrufet, y el integrante de Catalunya Sí Que es Pot Joan Josep Nuet. Salvo Corominas, el resto tienen también una causa abierta en el TSJC por desobedecer al Tribunal Constitucional al tramitar las leyes del referéndum. La particularidad de estos querellados es que, pese a que aún son aforados por formar parte de la Diputación Permanente del Parlament, la Fiscalía considera que deben ser investigados por el Supremo porque los posibles delitos no solo se cometieron en Cataluña, sino que tuvieron impacto fuera de la comunidad y en el extranjero.
Las actuaciones no incluyen peticiones a los jueces de detenciones inminentes, aunque sí las comparecencias «urgente» de los denunciados con presencia de sus abogados una vez que que se admitan las querellas. La Sala Segunda (Penal) del Supremo, sin ir más lejos, empezó a verla este lunes. Asimismo, los textos cifran en 6,2 millones de euros la responsabilidad civil conjunta que deberían de asumir los querellados en caso de una condena. La relación de hechos incluidos en la querella se extienden desde el 9 de noviembre de 2015 hasta el 27 de octubre de 2017. En concreto, desde que el Parlament aprobó por 72 votos a favor —Junts pel Sí y CUP— y 63 en contra la resolución sobre el inicio del procés como consecuencia de las elecciones del 27 de septiembre de 2015 hasta la ratificación de la DUI en el Parlament.