Dos resoluciones judiciales para el presunto delito de rebelión
Dos autos para un delito de rebelión. Dos resoluciones judiciales sobre los mismos hechos dictadas por una juez de la Audiencia Nacional y un magistrado del Tribunal Supremo. Pese a que la suerte para los querellados por promover un proceso político ilegal ha sido dispar en uno y otro órgano, las interpretaciones de sendos togados, Carmen Lamela, de 56 años, y Pablo Llarena, de 54, no están tan alejadas.
En la primera página de su auto de 19 páginas la jueza Lamela hace una mención a las alegaciones efectuadas por los querellados del Govern, quienes señalaron que no tuvieron tiempo suficiente para estudiar la querella y preparar su defensa, teniendo en cuenta el breve espacio transcurrido entre su citación, el 31 de octubre por la noche, y la celebración de las declaraciones, el 2 de noviembre. Pese a la presentación de escritos el mismo día 1, festivo, pidiendo el aplazamiento, Lamela defendió que no tuvo conocimiento de los mismos hasta finalizar las declaraciones. En todo caso, añadió, «ninguna de las partes, en el momento de las declaraciones, solicitaron su suspensión», por lo que se celebraron las comparecencias.
Tras admitirse la querella del fiscal general el 31 de octubre, el magistrado Llarena citó el día 2 a los seis investigados de la Mesa del Parlament, el mismo espacio temporal que su compañera Lamela. Sin embargo, en su caso sí accedió a las peticiones de las defensas antes de comenzar las declaraciones y, de acuerdo con la Fiscalía del Supremo, acordó aplazar una semana los interrogatorios. Las defensas estudiaron los pormenores de las declaraciones en la Audiencia Nacional para cambiar de estrategia y evitar la entrada en prisión.
Las querellas de la Fiscalía en la Audiencia Nacional y en el Supremo incluían la petición de una fianza de 6,2 millones de euros a todos los investigados para hacer frente, de forma conjunta y solidaria, a la responsabilidad civil en caso de una condena.
El juez Llarena rechazó en un auto dictado el jueves la imposición de las citadas fianzas civiles para los seis querellados de la Mesa, que la Fiscalía cuantificó en 6,2 millones a abonar de forma conjunta con los exmiembros del Govern.