El PP y su tesorera serán juzgados por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas
La tesorera del PP, Carmen Navarro, se sentará en el banquillo. MIGUEL ÁNGEL POLO
mateo balín | madrid
Ni la desaparición del sumario durante 14 meses ni el intento de recusar a la juez instructora Rosa Freire ni el movimiento de Luis Bárcenas para retirar la acusación contra el PP antes de comenzar el juicio de la pieza principal del caso Correa en octubre de 2016 (pensando erróneamente que le iba a generar algún tipo de beneficio) lo ha evitado.
Tras muchos vaivenes, el PP ya puede empezar a asumir el coste político que le supondrá ser el primer partido que será juzgado por la vía penal como persona jurídica. Lo hará después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmara ayer su procesamiento por los delitos de encubrimiento y daños informáticos.
Junto al partido le acompañarán en el banquillo por los mismos delitos -ahora solo falta que la juez dicte el auto de apertura de juicio oral contra el que no cabe recurso- la actual tesorera de la formación, Carmen Navarro, el asesor jurídico Alberto Durán, el jefe de informática José Manuel Moreno y su antecesor en el cargo, Javier Barrero, que fue despedido en la primavera de 2016.
La razón no es otra que la destrucción de los discos duros de los ordenadores que Bárcenas usó durante los cerca de tres años, abril de 2010-diciembre de 2012, que siguió trabajando para el partido pese a su imputación en el caso Correa. Una decisión que se tomó tras un acuerdo verbal en el despacho del presidente Mariano Rajoy en la sede de Génova 13 de Madrid, reconocido por todos los presentes, y que la secretaria general María Dolores de Cospedal justificó años después en una rueda de prensa como una «indemnización en diferido» (que no era más que un prorrateo mensual del finiquito que Bárcenas tenía que haber recibido por sus 20 años en el PP, unos 700.000 euros).
El tribunal de la sección cuarta de la Audiencia de Madrid, en un auto del 3 de noviembre pero conocido ayer, rechazó los recursos de las defensas y confirmó por unanimidad de los tres magistrados el cierre de la instrucción del caso y los indicios de delito para juzgar a los investigados.