La época más gloriosa del socialismo andaluz, en el banquillo por los ERE
El miércoles comienza el juicio contra Chaves y Griñán por el sistema de ayudas.
cecilia cuerdo | sevilla
La Audiencia de Sevilla juzgará a partir del miércoles la supuesta conspiración política orquestada en el Gobierno andaluz durante una década para acallar conflictos laborales y afianzarse en el poder mediante un reguero de fondos públicos. Para ello se puso en marcha un sistema de ayudas considerado irregular por la instrucción judicial. Los 22 ex altos cargos implicados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y seis exconsejeros (como la exministra Magdalena Álvarez), han encontrado un aliado inesperado en el Ejecutivo central, que recientemente reconoció un procedimiento similar.
El primero de los juicios del caso ERE llega siete años después de la investigación. Atrás quedan casi 300 imputados, más de 117.000 folios de sumario, peleas entre jueces y un duro revés para el PSOE, que ve no solo cómo los responsables de la etapa de mayor esplendor del partido en Andalucía se sientan en el banquillo, sino que además tiene que digerir que sean equiparados con los casos de corrupción del PP cuando a los socialistas no se les juzga por haberse enriquecido los bolsillos con dinero público. La instrucción de la temida juez Mercedes Alaya, hoy en la Audiencia, apuntó más bien a un sistema diseñado para alimentar una red clientelar que sustentó sus victorias electorales.
Los ex altos cargos están acusados de prevaricación y malversación, con penas que oscilan entre los 10 años de inhabilitación que se piden para Chaves hasta los seis años de cárcel a los que se enfrenta Griñán en su condición de responsable de Hacienda. Supuestamente permitieron y ampararon un sistema de ayudas que acabó convertido en un coladero de irregularidades. La «transferencia de financiación», usada habitualmente para equilibrar cuentas de los entes públicos, fue la vía idónea para agilizar procedimientos reduciendo burocracia y sorteando la fiscalización previa, al tiempo que permitía la concesión discrecional y sin publicidad. La Junta de Andalucía, sin embargo, pide el archivo de la pieza al entender que ni se creó un procedimiento específico para eludir controles ni existió una trama criminal como plantea la acusación que ejerce el PP.