El Gobierno cierra las vías a la investidura del fugado

En la Moncloa comparten con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que el independentismo sufre los «últimos estertores» de la vía Puigdemont. Pero nadie en el Gobierno da el pulso por zanjado y el Ejecutivo garantiza que no bajará la guardia mientras las fuerzas secesionistas sigan pretendiendo elegir presidente a un «fugado» con causas pendientes en los tribunales. De momento, los servicios jurídicos del Estado estudian ya qué respuesta dar al intento más reciente de Junts per Catalunya de posibilitar la investidura a distancia.

La coalición registró el viernes en el Parlamento catalán una reforma de la ley de Presidencia de la Generalitat que abre la puerta a que el candidato a liderar el futuro Gobierno de Cataluña no esté obligado a comparecer físicamente en la Cámara autonómica. El texto, sin la firma de Esquerra, recoge dos artículos pensados para levantar las trabas legales que impiden la reelección de Puigdemont mientras permanezca en Bruselas. En realidad el movimiento no sorprende al Gobierno. El jueves, Iñigo Méndez de Vigo ya avanzó que el Ejecutivo no iba a «consentir» una reforma exprés que solvente el problema con el que se ha topado Puigdemont para ser designado. «Volver a las andadas de modificar fraudulentamente una ley para permitir un estatus a este señor, me parece una malísima noticia», censuró el portavoz en una entrevista.