El juez investiga los vínculos del CNI con el informático de la trama Púnica
La Audiencia Nacional solicita a los servicios de inteligencia información sobre los trabajos de De Pedro.
m. sáiz-pardo | madrid
¿Pagó el CNI servicios de reputación ‘on line’ a Alejandro de Pedro, el informático imputado en la trama Púnica por hacer esos mismos trabajos para dirigentes del PP pagados con fondos públicos? El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón no solo no rechaza esta hipótesis sino que, tras muchas peticiones del propio De Pedro, ha accedido a reclamar a los servicios secretos información sobre esos supuestos trabajos que habrían sido pagados por el centro de inteligencia.
Las sospechas del juez sobre que quizás De Pedro diga la verdad y que parte de los 82.250 euros en metálico que la Guardia Civil encontró en su casa de Valencia en octubre de 2014 provengan del CNI se vieron reforzadas el pasado lunes. Ese día, el principal imputado de la red Púnica, Francisco Granados, confesó ante García Castellón que, efectivamente, recibió a De Pedro en su despacho para que éste le vendiera sus servicios de reputación online. Granados explicó que antes de derivarlo a otros responsables de la Comunidad de Madrid por su «desconocimiento de las nuevas tecnologías», el informático le reveló que ya estaba realizando este trabajo para el CNI y la Casa Real, además de otras administraciones gobernadas por el PP en Valencia y en ayuntamientos madrileños.
Tras esta confesión, García-Castellón ha decidido pedir al CNI que confirme si De Pedro visitó la sede de los servicios secretos en Madrid en 2013 y 2014; que explique qué tipo de trabajos habría realizado De Pedro y su empresa, Eico Online Comunicación SL, para el centro de inteligencia bajo su «supervisión»; y que la institución informe de las «cantidades económicas que el CNI o persona o entidad relacionada con el citado centro abonó al presunto integrante de la trama y a su mercantil».
La defensa del informático de la trama Púnica llevaba varios meses reclamando sin éxito a la Audiencia Nacional que abriera esta línea de investigación para intentar probar, no solo que el dinero que le fue incautado procedía del CNI, sino que su trabajo para mejorar la reputación de personas e instituciones en internet era legal.
El CNI recibió a mediados de la pasada semana el requerimiento de información de la Audiencia Nacional, según han informado responsables del centro.