El juez encarcela a Turull y procesa por rebelión a la cúpula del ‘procés’
Llarena activa la orden europea de detención contra Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos.
Los furgones de la Guardia Civil con los nuevos presos a las puertas de Estremera. RODRIGO JIMÉNEZ
efe | madrid
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha enviado a prisión al candidato a la Presidencia de la Generalitat Jordi Turull, a Carme Forcadell y a tres exconsellers en una jornada en la que ha procesado a 25 implicados en el ‘procés’, 13 por rebelión, entre ellos Marta Rovira, que ha huido a Suiza.
Llarena ha activado además las órdenes europeas de detención contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers huidos, y ha pedido la detención internacional de Rovira, secretaria general de ERC.
El magistrado ha sentado las bases de su acusación contra la cúpula del proceso soberanista a partir de dos conceptos claves: hubo violencia alentada desde las instituciones en el camino hacia la independencia y ese plan no ha sido desactivado por el artículo 155 de la Constitución, sino que permanece «latente» a la espera de reactivarlo cuando sea posible.
Así lo ha plasmado en su auto de procesamiento y esos principios fundamentan su auto de prisión dictado contra Turull, Forcadell y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, pues justifica esa medida en el riesgo de que vuelvan a delinquir y en el de que se fuguen (agravado por la huida de Marta Rovira).
El procesamiento de la cúpula del ‘procés’ por rebelión y las órdenes de prisión son un primer paso a su suspensión como diputados, medida que el juez tomará próximamente si el auto se convierte en firme, es decir, si se rechazan sus recursos. Los procesados tienen tres días para recurrir ante el juez y cinco en apelación ante la Sala del Supremo.
El juez atribuye ese delito (penado con hasta 25 años de prisión) a nueve integrantes del Govern que promovió el 1-O y la declaración unilateral de independencia: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antoni Comín y Dolors Bassa.
También a Marta Rovira, a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, al expresiente de la ANC Jordi Sànchez y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
El magistrado los considera el núcleo duro del ‘procés’ y les achaca distintas responsabilidades en una estrategia «criminal» en la que sabían que sus acciones podían desatar «el fanatismo violento de muchos de sus seguidores». De hecho, recuerda que los Mossos advirtieron a Puigdemont, Junqueras y Forn de que el 1-O habría «una escalada de violencia» y aún así lo mantuvieron.
Días antes, el 20 de septiembre, se produjo un acoso a la Conselleria de Economía que el juez compara con «una toma de rehenes mediante disparos al aire».
El que hubiera violencia en el intento de conseguir la independencia por la vía unilateral es un requisito imprescindible para el procesamiento por rebelión y el juez defiende con contundencia que así ocurrió. Y sospecha que ese plan no ha quedado desactivado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sino que los encausados pretenden retomarlo cuando se desactive.
En el auto de prisión, el juez aprecia «un grave riesgo de fuga» de los procesados y de que vuelvan a delinquir, y se remite a su actuación pasada, cuando incumplieron las decisiones del Constitucional «de manera contumaz y sistemática durante los últimos años».