Desconocía la falta de fiscalización de los ERE
El exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, niega la supuesta opacidad de las ayudas .
cecilia cuerdo | sevilla
Las ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía en la década de 2000 no solo tenían amparo legal, sino que además eran conocidas por los sindicatos y comités de empresa de la región, según defendió ayer el exconsejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández. Ante el juez de la denominada pieza política de los ERE, se sumó a la tesis de la mayoría de exaltos cargos políticos que le han precedido en el turno de palabra y se escudó en el desconocimiento de los procedimientos, la normativa o los supuestos reparos a la fiscalización de esos fondos para eludir su responsabilidad.
«Nunca nadie me advirtió, ni informó, ni comunicó ni aconsejó» sobre los controles establecidos para esas ayudas, defendió Fernández, quien apuntó de nuevo a que al no haber aviso expreso de menoscabo de fondos públicos, entendían que los reparos eran simples discrepancias administrativas. El exconsejero de Empleo, único miembro del equipo de Gobierno que pasó por prisión preventiva, negó además la supuesta opacidad de las ayudas, llegando a asegurar que el programa 31L que nutría estas ayudas era «el más publicitado» de la Junta y lo conocía «todo aquel que lo tenía que conocer».
La de Fernández, que se enfrenta a ocho años de cárcel, está siendo la declaración más larga de las que se han producido en las más de 30 sesiones del primer juicio de los ERE, que sienta en el banquillo por los delitos de prevaricación y malversación a un total de 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos una ex ministra del Gobierno, Magdalena Álvarez, y cinco antiguos consejeros del Ejecutivo autonómico y dos ex presidentes andaluces, José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Ellos serán quienes tomen el testigo ante el juez, previsiblemente a partir del miércoles por la tarde.