La Guardia Civil se incauta de bienes de 57 exetarras para resarcir a sus víctimas
Se han bloqueado 30 nóminas, 45 cuentas y 14 inmuebles, pero lejos de los ocho millones buscados.
Agentes de la Guardia Civil incautan en Barakaldo (Vizcaya), un vehículo Toyota RAV4. EFE
m. sáiz-pardo | madrid
La Guardia Civil desató ayer una operación inédita con el objetivo de incautarse de bienes de miembros condenados de ETA y la ‘kale borroka ‘ para hacer frente a las condenas por su responsabilidad civil adeudadas a sus víctimas y que en su día adelantó el Estado.
El novedoso operativo, bautizado como ‘Zerga’ (‘impuesto’ en euskera), dejó un sabor agridulce tras un año de intenso trabajo de los agentes codo con codo con el Servicio Común de Ejecutorías de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el archivo donde se registran todas las condenas y sus penas. El operativo no llegó tan lejos en el plano económico como esperaban.
Los funcionarios lograron incautarse de bienes de 57 expresos de ETA y de condenados por la ‘kale borroka (17 presos de la organización terrorista y 40 miembros de la violencia callejera), según el recuento final de la Jefatura de Información (UCE1) y de los grupos de información del País Vasco y Navarra.
En total, los agentes se incautaron de cuatro vehículos (entre ellos un todoterreno y una caravana); se inmovilizaron 45 cuentas bancarias y depósitos y se bloquearon 14 propiedades inmobiliarias (viviendas, locales comerciales y plazas de aparcamiento) con anotaciones en los registros de las tres provincias vascas, Navarra y La Rioja.
Además, la Audiencia Nacional ordenó la retención de todo lo que supere el salario mínimo interprofesional de una treintena de nóminas de aquellos investigados que tienen un trabajo asalariado.
Sin embargo, según las primeras estimaciones, los bienes incautados no se acercan, ni mucho menos, a los ocho millones de euros que los agentes buscaban. Esa cifra es el montante de las responsabilidades civiles que el Servicio Común de Ejecutorías y la Guardia Civil habían localizado tras examinar durante meses un total de 59 sentencias cuyas responsabilidades pecuniarias no habían prescrito al no haber pasado más de 15 años desde el fallo. Solo en dos casos, los acusados habían satisfecho el pago.