Llarena fía al Gobierno acercar a los independentistas presos

m. sáiz-pardo | madrid

Polémica pública entre el nuevo ministro del Interior y el juez del ‘procés’ a cuenta de la posibilidad de que los políticos presos catalanes puedan ser trasladados a cárceles de esa comunidad. Y ante todo sobre quién sería, si el Gobierno (a través de Instituciones Penitenciarias) o el magistrado del Tribunal Supremo, el encargado de tomar esa controvertida decisión, que sin duda levantaría una polvareda política.

Que ni el Ejecutivo ni el Supremo quieren para sí la responsabilidad de esa patata caliente quedó ayer meridianamente claro. La controversia pública entre el titular de Interior y el juez Pablo Llarena comenzó a primera hora del día cuando Fernando Grande-Marlaska se mostró, en principio, favorable a acercar a Cataluña a los nueve presos preventivos del ‘procés’ acusados de rebelión o sedición y malversación: Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Josep Rull y Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa y Carme Forcadell.

El juez deja claro a Grande-Marlaska que «no tiene competencia para definir el centro penitenciario concreto en el que deben permanecer» los reclusos.