El Gobierno buscará una tumba a Franco si su familia no lo saca del Valle de los Caídos

RAMÓN GORRIAGÁN | MADRID

Los restos de Francisco Franco abandonarán la cripta de la basílica del Valle de los Caídos en los aledaños del 43 aniversario de su enterramiento, que se produjo el 23 de noviembre de 1975. El Gobierno espera que antes de que finalice este año se haya consumado su traslado a un destino aún por decidir. La familia del dictador tendrá hasta el 15 de septiembre para decir si se hace cargo del cadáver y en qué lugar quiere que sea enterrado. De no ser así, la Moncloa resolverá en dónde le da «digna y respetuosa sepultura».

El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto ley que modifica el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica para introducir un párrafo: «En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda». Franco murió el 20 de noviembre de 1975 en el hospital de La Paz de Madrid tras una larga agonía y quedará excluido de la nueva disposición legal. Esta es la fórmula que ha establecido el Gobierno de Pedro Sánchez para blindar su compromiso de sacar el cadáver del dictador del complejo monumental de Cuelgamuros, a 50 kilómetros al noroeste de la capital, sin arriesgarse a tener que desandar lo andado por demandas judiciales posteriores como ha ocurrido con los restos del general Sanjurjo, otro de los mandos del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que fueron exhumados en noviembre de 2016 por orden del Ayuntamiento de Pamplona de la Cripta de los Caídos en la capital navarra, pero un tribunal admitió un recurso de la familia del militar y ordenó que fueran devueltos.

La vicepresidenta Carmen Calvo, que reemplazó a la habitual portavoz gubernamental, la ministra Isabel Celaá, defendió la utilización del decreto ley, una herramienta legislativa para casos de urgencia, porque «es urgente» sacar los restos del dictador. Es incongruente, dijo, que sigan allí 40 años después de la aprobación de la Constitución y porque el Gobierno no podía ignorar la moción del Congreso sin ningún voto en contra de mayo del año pasado que instó al Ejecutivo a trasladar el cadáver, así como las recomendaciones de Naciones Unidas de julio de 2014 y el informe del grupo de expertos de noviembre de 2011. Todos emplazaban al Gobierno a llevar a cabo la exhumación. «Cómo se puede tener la tumba de un dictador para su enaltecimiento junto a sus víctimas», preguntó la número dos del Ejecutivo.

«YA VAMOS TARDE»

«Tener alli la tumbra de Franco —prosiguió— supone una falta de respeto y de paz a las víctimas que están allí enterradas». De modo que, zanjó, «quien no quiera ver la urgencia pues que no la vea, pero ya vamos tarde y no se pueden dar más vueltas sobre este asunto».

El decreto ley será publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado y se abrirá un plazo de 30 días para que el Congreso convalide el texto, que a continuación se tramitará en la Cámara baja como un proyecto de ley para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas a la Ley de Memoria Histórica.

JUICIOS FRANQUISTAS

El Gobierno socialista quiere incluir en la norma nuevas disposiciones, y ese será el momento de debatir asuntos como la anulación de las sentencias de los tribunales franquistas, una demanda de Podemos y Esquerra, pero que es desaconsejada por la mayoría de los juristas por la inseguridad jurídica que generaría. El Gobierno tampoco es partidario y Calvo recordó ayer que la ley de memoria ya declaró «ilegítimos» los tribunales y sus sentencias.

AL ALBA

Además del trámite parlamentario, el Consejo de Ministros del próximo 31 de agosto aprobará un acuerdo de incoación para abrir el procedimiento administrativo. A partir de ese momento la familia Franco, sus siete nietos en definitiva, podrá comunicar al Gobierno el lugar al que quiere trasladar a su abuelo. Si surgieran discrepancias entre ellos o se negaran a facilitar el destino final de los restos, el Gobierno decidirá en dónde se celebrará la nueva inhumación del dictador para darle «digna y respetuosa sepultura». Un lugar que el Gobierno no revelará hasta el último momento para evitar exaltaciones a la figura del dictador o enfrentamientos entre partidarios y detractores. Un secreto que por las mismas razones será extensivo a la fecha de la exhumación. La Moncloa solo informará del traslado de los restos del dictador una vez que se haya llevado a cabo, tarea que se desarrollará de madrugada.