Magistrados del Supremo acusan al Gobierno de dejar «vendido» a Llarena
EP | MADRID
Magistrados del Tribunal Supremo han acogido con estupor la decisión del Ministerio de Justicia de no asumir la defensa del instructor de la causa del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, por lo que este departamento ha denominado «actos privados que se le atribuyen» en relación con la demanda civil que el ‘expresident’ de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus ‘exconsellers’ han planteado contra él ante un juez belga. Consideran que los investigados buscan hacer daño personal al magistrado y no solo desacreditar el proceso y que Justicia ha caído en la estrategia de estos, dejando «vendido» a Llarena, que ahora tendrá que pagar un abogado de su bolsillo que le costará miles de euros.
Según han manifestado a Europa Press fuentes de este órgano, a Llarena se le ha demandado ante el juez belga por ser instructor de la causa del proceso independentista en Cataluña y no por otra cosa, si bien para conseguir sus fines las defensas de Puigdemont y sus consejeros buscaron unas manifestaciones del magistrado en un acto público que les permitieran decir que es demandado por actos «privados».
Justicia aclaró en un comunicado público que no se trata de defender personalmente al juez en alusión a parte del contenido de la demanda de Puigdemont que señala que Llarena no es imparcial por unas manifestaciones que habría realizado tras asistir a una conferencia en Oviedo en febrero. Allí señaló que en la causa por el ‘procés’ independentista «no hay presos políticos».
Ayer, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha reiterado los argumentos del ministerio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según ha explicado Calvo, al juez debe ampararle el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no el Ejecutivo. Lo que sí hará el Gobierno si la demanda es admitida, ha añadido, será «defender la soberanía jurisdiccional de España»; es decir, indicarle a la justicia belga que «no se puede inmiscuir en procedimientos» del espacio propio español.
Para las fuentes del Supremo consultadas, todo ello no es sino una parte de la estrategia de los investigados para que su «intención dañina» pueda ser viable, pues no podrían cuestionar ante la justicia belga las actuaciones jurisdicionales de Llarena.