Pedro Sánchez planea tener aprobados los presupuestos generales en noviembre
JUAN RUIZ SIERRA | MADRID
El Gobierno tiene un calendario tentativo en mente para la presentación de los Presupuestos del próximo año. La empresa «no es fácil», reconocen fuentes de la Moncloa, porque antes que eso se pretende sacar adelante la reforma de la ley de estabilidad, para acabar con el anómalo veto del Senado (donde el PP goza de mayoría absoluta) a la senda de objetivos de déficit. También se debe aprobar, con carácter previo, el nuevo techo de gasto presupuestario, que está siendo negociado con Podemos y los grupos parlamentarios que apoyaron la moción de censura de Pedro Sánchez a Rajoy. Los planes del Ejecutivo pasan por presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2019 el próximo noviembre, a seis meses de las elecciones autonómicas, municipales y europeas. De ser así, las primeras cuentas públicas de Sánchez podrían estar aprobadas en febrero, en plena precampaña. Lo que se da por seguro es que será imposible cumplir con el plazo legal del 30 de septiembre como fecha tope para remitir al Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos del año siguiente. Tampoco se cumplió en los últimos años de la Presidencia de Rajoy, plagados de sobresaltos electorales y políticos.
En noviembre, explican en el entorno del presidente, esperan tener aprobada tanto la reforma de la Ley de Estabilidad, que en principio se tramitaría como proyecto de ley, así como el techo de gasto, que vendría después. Lo contrario no impediría la presentación de unos nuevos Presupuestos para el año próximo. Si el Gobierno logra sacar adelante ambas iniciativas, mejor. Pero si no, confeccionarán el proyecto de Presupuestos sobre la base de los viejos objetivos de déficit y deuda que dejó el PP. Esto daría pie a unas cuentas más restrictivas, tanto en el Estado como en las comunidades autónomas, pues el conjunto de las administraciones perderían el mayor margen de gasto de unos 6.000 millones que la UE ha concedido a Sánchez, 2.400 están destinados a las autonomías. Aún en este caso, el Ejecutivo «reorientaría» el Presupuesto hacia el gasto social.