El Gobierno mantiene que opinar sobre la rebelión no es presionar al Supremo

Opinar no es presionar. El Gobierno recurrió a todo su arsenal argumentativo para negar que el presidente y la vicepresidenta del Gobierno hayan presionado al Tribunal Supremo, a la Fiscalía o a la Abogacía del Estado para que no imputen un delito de rebelión a los acusados en la causa del ‘procés’. «No hay ningún tipo de presión al Poder Judicial. El Gobierno no marca el paso a nadie», afirmó la portavoz tras el Consejo de Ministros celebrado ayer en Sevilla.

Isabel Celaá intentó enfriar el calentón provocado por las manifestaciones de Pedro Sánchez y Carmen Calvo sobre la necesidad de que haya militares y armas para que una conducta pueda considerarse un delito de rebelión. La portavoz tiró de manual y apeló a la división de poderes, a la imparcialidad de los jueces, a la neutralidad del Gobierno y a la autonomía de la Fiscalía, estatus que hizo extensivo a la Abogacía del Estado cuando este organismo depende del Ministerio de Justicia y defiende las posiciones del Ejecutivo en los pleitos judiciales.

Negó por activa y por pasiva que el Gobierno intente influir en las decisiones de los tribunales y si algún juez del Supremo o fiscal o abogado del Estado se siente presionado será una sensación subjetiva. «Cada uno es libre de sentirlo y hay personas que se sienten más vulnerables», apuntó la ministra tras la enésima negativa de que haya «instrucciones» desde el Gobierno para que no se incluya la acusación de rebelión en los escritos de calificación de los hechos de la Fiscalía y la Abogacía.

La rebelión está castigada con entre 15 y 30 años de prisión en función del grado de violencia ejercida. En el auto de apertura de juicio oral dictado el jueves por el Tribunal Supremo se imputa este delito a nueve de los 18 procesados, entre ellos el exvicepresidente y líder de Esquerra, Oriol Junqueras. El instructor Pablo Llarena atribuyó este mismo ilícito a cuatro de los siete dirigentes huidos y que no serán juzgados en ausencia, entre ellos Carles Puigdemont. Celaá garantizó que las dos acusaciones públicas preparan los escritos que se conocerán el 2 de noviembre con criterios en exclusiva «jurídicos» sin atender a consideraciones políticas.

La portavoz situó el comentario del presidente en el marco de un debate en sede parlamentaria, y el de la vicepresidenta en una reflexión sobre la jurisprudencia en otros países europeos para tipificar este delito y la conveniencia de que España también precise más este ilícito en el Código Penal. Negó, de todas maneras, que supongan un guiño a los soberanistas catalanes para buscar su apoyo a los Presupuestos. Rechazó, por otra parte, que haya algún plan al calor de la causa del ‘procés’ para modificar la redacción de este tipo delictivo.

Tanto en el Gobierno como en el PSOE mantienen que opinar sobre una causa judicial en curso de ninguna manera se puede considerar un intento de mediatizar la actuación de los jueces y fiscales.

La portavoz, locuaz para negar que haya intentos de influir en el Supremo, en la Fiscalía y en la Abogacía, evitó comentar los cambios de opinión de Pedro Sánchez en los últimos meses sobre el delito de rebelión. En mayo pasado, días antes de la moción de censura que le llevó a la Moncloa, señaló en un programa de televisión de Antena 3 que en Cataluña «clarísimamente ha habido un delito de rebelión». Poco después, el 16 de mayo, propuso «adecuar el delito de rebelión a la España del siglo XXI» porque «tal y como está tipificado (en el Código Penal) no se corresponde al tipo de rebelión que se ha sufrido en los últimos meses». Ahora, a la luz de lo que dijo este miércoles en el Congreso en su debate con Pablo Casado, considera que debe haber una asonada militar con violencia y armas. Celaá, a pesar de las reiteradas preguntas sobre la diferencia de criterios, eludió la respuesta.