El Gobierno, con la abogacía del Estado, rebaja los delitos de los políticos presos

Á. VÁZQUEZ / AGENCIAS| madrid

La Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, acusará hoy a los líderes del ‘procés’ que se sentarán en el banquillo a partir de enero por declarar la independencia de Cataluña unilateralmente por un delito de sedición y otro de malversación, según fuentes jurídicas, y no lo hará por rebelión, que acarrea penas mayores. El fiscal en cambio mantendrá la petición de cárcel por rebelión.

La Abogacía del Estado entregará hoy en el Tribunal Supremo su escrito de calificaciones provisionales en el que se desmarca del criterio de la Fiscalía y no ve que los acontecimientos que culminaron con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) sean suceptibles de un delito de rebelión, sino de sedición. La decisión de la Abogacía del Estado, que representa los intereses del Estado y que orgánicamente depende del Ministerio de Justicia, supone que en el juicio que previsiblemente se celebre en enero defenderá que no se produjo un alzamiento violento para declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

La Abogacía del Estado se personó más tarde en la causa por el asunto de la malversación sobre el que ha pivotado toda su actuación y las diligencias solicitadas, y no tenía de hecho por qué pronunciase sobre la rebelión o la sedición.

A lo largo de la instrucción, siempre respaldó el criterio de la Fiscalía en relación a la violencia y el delito de rebelión, hasta el punto de que cuando pidió al Supremo que cerrase la investigación, solicitó que se juzgara a los procesados por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia.

Por tanto, su decisión de acusar de sedición supone un cambio en la estrategia que ha mantenido en la causa hasta la fecha.

A diferencia de la fiscalía, los servicios jurídicos del Estado consideran que lo ocurrido en Cataluña en septiembre y octubre del año pasado no incluyó la violencia suficiente como para acusar por rebelión. Sí lo piensan el ministerio público y la acusación que ejerce Vox. Por ello la acusación de los abogados del Estado se centrará en la sedición y la malversación.

Los procesados por rebelión son los que se encuentran en prisión. Se trata del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el ‘exconseller’ de Interior Joaquim Fom, el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y los ‘exconsellers’ Jordi Turull, Raúl Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

LA CUESTIÓN: LOS AÑOS DE CÁRCEL

Forcadell, Sànchez y Cuixart sólo fueron procesados por rebelión, ya que no formaban parte del Govern, por lo que no pueden ser considerados responsables del dinero público que se pudo destinar al referéndum ilegal del 1-O. Los demás sumaron a ese grave delito el de malversación. No obstante, esa diferencia sólo puede trasladarse en los escritos de calificación del fiscal en una solicitud de más o menos años de cárcel por la rebelión, porque esta absorbe la malversación. No ocurre así con la sedición que sí permite acusar también por el desvío del dinero público, lo que en la práctica puede suponer más años de cárcel, si se tiene en cuenta que quienes la inducen, sostienen o dirigen pueden ser castigados con entre 8 y 10 años de cárcel, y de 10 a 15, sin fueran personas constituidas en autoridad. Para los demás sediciosos la pena prevista va de 4 a 8 años. La malversación, por su parte, se castiga con entre dos a seis años de prisión, pero puede llegar hasta 12 años de cárcel «si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros». La Guardia Civil elevó en junio el dinero presuntamente malversado a 3,2 millones de euros, entre lo abonado y lo pendiente de pago.