Las acusaciones a los líderes del ‘procés’ llevan la legislatura al borde del naufragio

RAMÓN GORRIAGÁN | MADRID

Las acusaciones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado a los líderes del ‘procés’ que serán juzgados por el Tribunal Supremo han dejado muy comprometida la continuidad de la legislatura. La Fiscalía del Tribunal Supremo golpeó ayer con fuerza a los líderes independentistas en prisión preventiva en su escrito provisional de acusación. El Ministerio Público pidió la máxima pena, 25 años de prisión, al exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC Oriol Junqueras por un delito de rebelión en su condición de cabecilla del proceso político ilegal desarrollado Cataluña el pasado año. Unos hechos por los que solicita, además, 25 años de inhabilitación absoluta para cargo público. Como promotores también del ‘procés’ e inductores de la rebelión, la Fiscalía situó en un segundo escalón a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a los máximos responsables de las organizaciones civiles Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente. A los tres les reclama 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta. La diferencia de petición de penas entre Junqueras y sus compañeros es un solo artículo del Código Penal, el 473.2, porque en la consumación de la rebelión éste distrajo de forma ilegal caudales públicos, en referencia a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Este pequeño matiz supone ocho años más de solicitud de prisión que Forcadell o los ‘Jordis’.

En su escrito, la Fiscalía dice que el plan consistía «en orillar» la aplicación de la legalidad, «finalidad que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden constitucional». Para ello, contemplaban usar todos los medios para alcanzar su objetivo, «incluida la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido, valiéndose para ello de la fuerza intimidatoria» de los Mossos y la movilización ciudadana, como ocurrió en el asedio del 20 y 21 de septiembre de 2017 frente a la consejería de Economía.

La Abogacía del Estado, los servicios jurídicos dependientes del Ministerio de Justicia, reclamaron castigos menores que la Fiscalía: exactamente la mitad. Todo, por los delitos de sedición, malversación y desobediencia grave, pero no por rebelión. Para Junqueras, pide 12 años.

Los independentistas catalanes habían avisado a Pedro Sánchez de que no contara con ellos para nada si el escenario iba a ser este. Una ruptura que desmorona la precaria mayoría de la moción de censura y deja al Gobierno socialista sin los apoyos necesarios para aprobar los Presupuestos de 2019 En política casi nada es definitivo y lo que hoy es blanco mañana o pasado puede dejar de serlo. Cosas más raras se han visto, pero a día de hoy la legislatura parece tener los días contados porque el Gobierno se va a quedar en minoría en el Congreso y sin posibilidades de sacar adelante las cuentas del próximo año. Ambas circunstancias eran las líneas rojas fijadas por Pedro Sánchez para no convocar elecciones generales anticipadas. Tras las acusaciones de la Fiscalía y la Abogacía a los líderes del ‘procés’, Esquerra y PDeCAT han roto los débiles puentes que hacían albergar esperanzas a Sánchez de llevar la legislatura hasta 2020. El presidente de la Generalitat, además, se siente liberado para hacer efectivo su ultimátum con plazo hasta noviembre y podrá materializar su ruptura de relaciones, salvo que se imponga el pragmatismo genético del nacionalismo.

La Fiscalía solicitó 156 años de cárcel para los nueve acusados de rebelión en diferentes grados, y 177 si se suman los tres exconsejeros a los que solo imputa malversación. La petición de 25 años para Oriol Junqueras es la más leve dentro de los supuestos de rebelión agravada, pero llama la atención que el teniente coronel Antonio Tejero fuera condenado por el golpe del 23-F a 30 años por rebelión militar consumada con ocupación del Congreso, toma de rehenes, amenazas y disparos. Las acusaciones de la Abogacía del Estado por sedición suman 95,5 años, y llegan a 116,5 con los tres acusados solo de malversación.

EL GOBIERNO NIEGA UN GUIÑO

Una diferencia de trato que el Gobierno negó que fuera un guiño al independentismo ni que se debiera a instrucciones suyas a pesar de que la Abogacía depende del Ministerio de Justicia y representa las posiciones gubernamentales en los procesos judiciales. Pero fue un gesto de deferencia evidente, que la vicepresidenta y la ministra de Justicia no pudieron desmentir aunque para negarlo intentaron hacer comulgar con ruedas de molino en su argumentación.

El Gobierno catalán y las fuerzas independentistas estuvieron de acuerdo con el Ejecutivo socialista en que no hubo ni gesto ni guiño. Fue la única coincidencia. Para Quim Torra y los partidos soberanistas, los escritos de la Fiscalía y la Abogacía supusieron una declaración de guerra. Aunque esperaban unas acusaciones del calibre que al final tuvieron, un sentimiento de desazón se desparramó por el Palau de la Generalitat y en las sedes de Esquerra y PDeCAT. «Ha sido un mazazo», confesó uno de los colaboradores de Torra. Expresiones similares emplearon dirigentes soberanistas, que tenían la tenue expectativa de una acusación menor.

17 escaños vitales

Una fe poco justificada porque la posición de la Fiscalía ha sido la misma desde la presentación de la querella en octubre pasado y no ha variado un ápice durante la instrucción. Tampoco había razones para confiar en que la Abogacía rebajara más sus planeamientos, porque si bien se personó en la causa sólo por el delito de malversación, en el transcurso del proceso elevó sus acusaciones hasta la rebelión.

El Gobierno empieza a hacerse a la idea de que ya no podrá contar con los 17 escaños que aportan ambas formaciones independentistas —Esquerra, 9, y los neoconvergentes, 8— que le han servido en estos cinco meses para sacar adelante, aunque a veces fuera a trancas y barrancas, sus planes legislativos. Sin ese apoyo, la mayoría de los 180 diputados de la moción de censura saltará por los aires, y la primera minoría del Congreso será la de los 166 escaños que suman PP y Ciudadanos. De nada habrán servido los numerosos guiños de la Moncloa y del PSOE, cada uno en su ámbito, a la Generalitat y a los grupos soberanistas.

Torra y Carles Puigdemont habían advertido que la de ayer era una prueba de fuego, y que ni siquiera el temor a una eventual victoria electoral del PP y Ciudadanos iba a impedir la ruptura con el Gobierno de Sánchez. Su convicción es que en el fondo no hay diferencias con Mariano Rajoy. Las formas, aceptan, son diferentes, hay más diálogo y voluntad de entendimiento. Pero en lo fundamental para ellos, léase la situación de los presos y el referéndum de autodeterminación, PSOE y PP son intercambiables. Un análisis compartido por la mayoría del mundo independentista.

Incluso Esquerra, que representaría al sector más posibilista, reconoce que sus diputados no pueden ser socios del Gobierno de Sánchez a partir de este momento. Los socialistas no tienen una mayoría parlamentaria alternativa y, aunque fueran gestos para la galería, sus invitaciones al PP y Ciudadanos a negociar las cuentas públicas merecieron un portazo. Sánchez no pierde la esperanza de reconducir la situación, pero entre los socialistas se atribuye ese enfoque a la terquedad endémica del presidente del Gobierno porque la realidad es la que es y los números son los que son. Solo un giro de 180 grados de las fuerzas independentistas, que no encuentran motivo político para darlo, podría dar un hálito de vida a la legislatura.