El Gobierno hace presidente a Marchena a cambio de una mayoría progresista en el CGPJ
El PP elige a nueve de los veinte vocales del órgano de gobierno de los jueces y el PSOE a once de los miembros.
paula de las heras | madrid
No hace ni veinte días que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que rompía relaciones con el líder del PP, Pablo Casado, por haberle acusado de estar participando de un golpe de Estado, pero la tensión que cada miércoles escenifican en el Parlamento los dos partidos mayoritarios no les impidió cerrar ayer, tras varias semanas de negociación, un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El juez Manuel Marchena será, como querían los populares, el próximo presidente del órgano de gobierno de los jueces en sustitución de Carlos Lesmes, cuyo mandato concluye el próximo 4 de diciembre. A cambio, habrá mayoría de vocales progresistas, once frente a nueve.
La renovación del CGPJ obliga al entendimiento de las dos principales fuerzas porque la ley exige mayoría reforzada de tres quintos en las dos cámaras legislativas, Congreso y Senado, para la elección de sus veinte miembros. Con la actual composición del Parlamento no hay ninguna otra alianza que sume y eso ha sido así durante décadas, pero, a tenor de algunas encuestas, podría dejar de serlo tras las próximas elecciones generales si Ciudadanos sigue ganando posiciones y Podemos consolida buena parte de sus apoyos electorales.
Sea ante ese escenario o por un verdadero deseo de garantizar el normal funcionamiento de las instituciones en un momento especialmente delicado, como afirmaron tanto desde el Gobierno como desde el PP, esta vez no se ha producido el bloqueo que sí se dio en otras legislaturas igualmente tensas. En la primera de José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo, fue imposible renovar el Consejo y hubo que esperar a la segunda para conseguirlo.
En la última renovación, en 2013, diez de los veinte vocales fueron propuestos por los populares y los otros siete por los socialistas, CiU, PNV e Izquierda Unida. Ahora, con el Parlamento más fragmentado, Podemos ha reclamado su parte (en concreto su beneplácito a cuatro componentes de la institución) y los socialistas, que necesitan su apoyo para otras muchas cuestiones, se han mostrado dispuestos a atender la exigencia.
El caso de Podemos es particular porque se presentó a las elecciones con la promesa de rebajar de 20 a 15 el número de vocales y, además, de que estos fueran elegidos «directamente» por la ciudadanía. El líder de la formación -que este fin de semana impulsó una manifestación frente al Tribunal Supremo tras la sentencia sobre el impuesto de Actos Juridicos Documentados que grava las hipotecas- esgrime no obstante que, mientras el sistema sea el que es, su obligación es participar para intentar «mejorarlo».
Ciudadanos se encuentra en las antípodas de ese planteamiento. La formación que preside Albert Rivera ha hecho desde sus inicios bandera con la despolitización de la justicia. El pasado julio presentó una proposición de ley en la que abogaba por dejar en manos de los propios jueces la elección de los doce miembros del CGPJ que deben pertenecer a la carrera judicial (otros ocho son juristas de reconocido prestigio), como ha sugerido en varias ocasiones el Consejo de Europa y como propone la asociación de jueces Foro Judicial. A pesar de que este asunto formaba parte de su acuerdo de investidura con el PP, no salió adelante. Ahora Ciudadanos ha dejado claro que no participa de lo que considera un mercadeo, «un supermercado», dijo ayer Albert Rivera.
Al aceptar a Marchena, el hasta ahora presidente de la Sala de lo Penal que estaba llamado dirigir el juicio por rebelión, sedición, desobediencia y malversación contra los responsables del proceso secesionista de Cataluña, el PSOE ha renunciado a poner al frente del CGPJ una mujer, como era su propósito y como reclamaba Juezas y Jueces por la Democracia. Pero su favorita para el puesto, Ana Ferrer, que también forma parte del tribunal del ‘procés’, suena como vicepresidenta.