El Gobierno quiere prohibir la venta de coches diésel y gasolina a partir de 2040
Es una de las medidas de la ley contra el Cambio Climático para reducir un 37% las emisiones de efecto invernadero.
Esta imagen de un coche repostando diésel ya tiene fecha de caducidad. FRIEDEMANN VOGEL
alfonso torices | madrid
El Gobierno quiere prohibir la matriculación y venta de automóviles y furgonetas diésel y gasolina u otros combustibles fósiles (como el gas), los que emiten dióxido de carbono (CO2), a partir de 2040 y también se marca como objetivo que estos mismos vehículos ya no puedan circular por las vías y carreteras españolas a partir de 2050. Esta previsión incluiría a los coches de motor híbrido y, de la oferta actual de vehículos, solo salvaría a los 100% eléctricos. Se trata de una de las medidas más llamativas incluidas en el borrador de la ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno remitió ayer a los partidos y las organizaciones sociales para sus alegaciones, y cuyo proyecto definitivo será avalado por el Consejo de Ministros antes de final de año y remitido al Congreso para su aprobación urgente.
Esta norma tiene como finalidad que España cumpla con los compromisos de la comunidad internacional en el Acuerdo de París contra el cambio climático: evitar que la temperatura media de la tierra suba más de 1,5 a 2 grados en el siglo XXI. Para ello el borrador se marca como objetivos una reducción nacional de la emisión de gases de efecto invernadero del 37% (más de un tercio) y el logro de un país prácticamente sin emisiones de estos fluidos en 2050 (reducción de al menos un 90%). Fuentes del Ejecutivo señalaron que este compromiso, que se revisará al alza cada cinco años, mejora con creces las exigencias de reducción de emisiones reclamadas por la UE, pues prevé una rebaja adicional de unos 20 puntos.
En esta reducción casi total de las emisiones de CO2 que se exige para 2050 se enmarca el plan de proscripción de los automóviles movidos por combustible fósil, que emula en objetivos y fechas los ya aprobados en Francia o Reino Unido, y que es menos ambicioso que los de Noruega -fin de la matriculación en 2025- o Alemania (2030). Se trata, dicen fuentes gubernamentales, de «una señal clara» dirigida a los fabricantes de automóviles para que cambien sus producciones, como, por ejemplo, hará Volvo, que ya anunció que desde el año próximo solo venderá coches eléctricos.
La limitación al uso de vehículos diésel y gasolina se complementará con un calendario de instalación obligatoria de puntos de recarga eléctrica en estaciones de servicio a pactar todavía con las autonomías o con de la obligación de que todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes deban contar para 2023 con zonas de bajas emisiones, como ya ha hecho Madrid, que ha limitado la circulación vial por su almendra central.
En consonancia con este freno al uso de los combustibles fósiles, el borrador prevé que, una vez entre en vigor la nueva ley, no se concederá autorización nueva alguna para hacer exploraciones o perforaciones de yacimientos de hidrocarburos -incluida la técnica de ‘fracking’- en los suelos y aguas territoriales españolas y establecerá que las concesiones para la extracción vigentes no podrán seguir más allá de 2040.
El Gobierno calcula que para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones necesita conseguir que dentro de 12 años el 35% de la energía consumida en España proceda de fuentes renovables -que tienen que suponer ya el 70% de la generación- y que la eficiencia energética del país haya mejorado al menos un 35%. Se trata del primer escalón para alcanzar en 2050 con un sistema eléctrico basado exclusivamente en fuentes de generación renovables.