Estallido social en Cataluña: funcionarios, profesores, médicos y alumnos se rebelan
Miles de personas se echaron de nuevo ayer a la calle en Cataluña para reivindicar mayores inversiones en los servicios públicos. Médicos, profesores, universitarios y funcionarios confluyeron en una misma protesta y en una misma jornada de paros para presionar al Govern para que revierta los recortes de 2011. Cada uno de los colectivos tiene su propia reivindicación, pero hay una demanda común: que los organismos públicos catalanes dispongan del mismo presupuesto que en 2010, el año previo al gran tijeretazo de Mas. Las cifras no engañan. Hace ocho años, la Generalitat destinaba a la sanidad 9.900 millones anuales. En 2017, esta cifra cayó a 8.800 millones. En la educación, lo mismo, en 2010 se destinaban 6.300 millones, mientras que el año pasado la inversión fue de 5.600 millones. Las consecuencias de estos recortes son que las listas de espera en el sistema catalán de salud son las más largas de España, los funcionarios autonómicos son los únicos que no han recuperado la paga extra que la administración les recortó y las tasas universitarias catalanas son las más caras de España.
Sólo son unos ejemplos, pero este es el cuadro que Quim Torra se ha encontrado tras seis años de proceso secesionista e inactividad política en los demás terrenos. Desde el Gobierno catalán, en cualquier caso, siguen echando balones fuera y señalan que el culpable es «Madrid». Ya no se emplea el ‘España nos roba’, porque ha dejado de ser políticamente correcto, pero se insiste en la asfixia financiera, en el déficit fiscal y en la «infrafinanciación». Este es el concepto que utilizó ayer el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que dio la cara en nombre del Gobierno catalán ante el mutismo de Torra, al que la oposición acusa de estar desaparecido.
Las protestas tienen fundamento, aceptan los independentistas, pero la causa principal no es la gestión de la Generalitat sino el déficit fiscal que, a su juicio, el Estado ha provocado en Cataluña. Hablan de 16.000 millones al año. Con la república se acabarían los problemas financieros y sociales, es la tesis central. Ayer abundaron en esta idea y en culpar a Madrid de los males de Cataluña. Aragonès afirmó que la infrafinanciación tiene consecuencias en los servicios públicos. «Nos obliga a no poder destinar los recursos que quisiéramos», dijo.
LA GENERALITAT TIENE UN PROBLEMA
El dirigente de Esquerra ha recibido el encargo de Torra de liderar las negociaciones con los sectores sociales afectados. La Generalitat tiene un problema. Si quiere que los comunes (su única opción real ya que la CUP se niega) aprueben sus Presupuestos, tendrá que aumentar el gasto social y subir el IRPF a las rentas altas, lo que abrirá una crisis entre Esquerra y el PDeCAT porque los neoconvergentes, conservadores al fin y al cabo, rechazan elevar la presión fiscal. La debilidad del Ejecutivo de Torra, al que la calle pidió que dimita y la oposición que compareca en el Parlament, es máxima.
El vicepresidente aseguró que trabaja para dar una respuesta a los colectivos sociales y prometió «incorporar» las demandas en las cuentas. «Somos conscientes del esfuerzo que han hecho» los funcionarios, destacó. Lo hizo horas después de una mañana caliente, donde coincidieron las protestas de diferentes colectivos, como los médicos de la atención primaria, los de los centros concertados, también profesores universitarios y alumnos, profesores de la enseñanza pública y funcionarios. A diferencia del miércoles, en que se vivieron momentos de tensión, cuando un grupo de bomberos intentó entrar a la fuerza al Parlamento, ayer no hubo incidentes ante la Cámara catalana. En torno a 8.000 personas se manifestaron por el centro de Barcelona. Los médicos de los ambulatorios y de la concertada salieron a la calle por cuarto día consecutivo, y tiene previsto hacerlo cinco días.