Adiós a las reválidas y tutores de refuerzo para los repetidores
Texto La nueva ley de educación del Gobierno socialista no tardará en iniciar su tramitación. Según anunció ayer la ministra de Educación, Isabel Celaá, el Congreso de los Diputados comenzará a debatir en enero una norma que en la práctica supone la derogación de la Lomce, pero que el Ejecutivo plantea simplemente como una mejora de la polémica ley impulsada en 2013 por José Ignacio Wert.
El Bachillerato, que mantendrá los dos años de duración, será más flexible y los alumnos que hayan finalizado el primer curso con más de dos asignaturas suspendidas no tendrán que repetir curso, sino sólo las asignaturas pendientes. También se prevé que se pueda obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspensa, aunque esto sólo ocurrirá en casos excepcionales, y para el acceso a la universidad se deberá superar una prueba académica que se valorará junto a las calificaciones obtenidas en el Bachillerato.
Los alumnos que repitan tendrán un plan específico de refuerzo, que puede incluir un tutor que los ayude a superar las asignaturas suspendidas. La eliminación de la obligación de cursar una materia alternativa a la religión, el fin de la ‘demanda social’ que permitía a los centros concertados aumentar su número de plazas, la inclusión en Primaria de la asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos, la incorporación de la Filosofía en 2º de Bachillerato o los contenidos básicos del currículo, que diseñará en un 55% el Gobierno, son otras de las novedades de una reforma que se implantará en tres fases y que culminaría en el curso 2021-2022. La comunidad educativa y los sindicatos han recibido con escepticismo la nueva propuesta de ley educativa. Reclaman una participación real de los profesores en todo el proceso y critican los largos plazos a los que se ve abocada la reforma y la carencia de un consenso más amplio que garantice una ley duradera en el tiempo.