Marlaska ordena un protocolo para excarcelar a presos enfermos «muy graves»
MELCHOR SÁIZ-PARDO | MADRID
El Ministerio del Interior se ha propuesto acabar con la disparidad de criterios y, a veces, con la arbitrariedad a la hora de excarcelar a los reclusos con enfermedades «muy graves», afecciones incurables o, directamente, en fase terminal. Instituciones Penitenciarias acaba de poner en marcha un exhaustivo protocolo para clasificar las dolencias de esos presos. Una herramienta que, en principio, facilitará la puesta en libertad de un mayor número de internos, pues no solamente se valorará, como hasta ahora, la expectativa de vida del recluso enfermo.
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha decidido abordar esta reforma en plena polémica por la negativa a la excarcelación de Eduardo Zaplana, en prisión preventiva desde mayo de este año y que está aquejado de una leucemia. El pasado 17 de diciembre el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Angel Luis Ortiz, firmó la ‘instrucción 6/2018’ sobre el «procedimiento para la emisión de informe médico y tramitación de la suspensión de la pena privativa de libertad por enfermedad muy grave con padecimientos incurables».
Esa directiva que entró en vigor el pasado 21 de diciembre, deroga «expresamente» la polémica ‘instrucción 3/2017’ emitida en febrero de 2017 por el entonces máximo responsable de prisiones, el popular Angel Yuste, y que ha sido muy cuestionada por partidos políticos, organizaciones sociales, abogados, médicos y familiares de reclusos. Estos colectivos se quejaban de Interior había circunscrito a meros «criterios temporales» la definición de «estado terminal» en un enfermo, sin tener en cuenta que la mayoría de especialistas de sociedades científicas paliativas hace años que vienen avisando que en esa «terminalidad» existen otros factores como la edad, enfermedades concomitantes, respuestas a tratamientos, la aparición de complicaciones agudas en ciertas enfermedades o la existencia de efectos secundarios de los tratamientos, entre otros factores.
Ahora, Interior trata de estandarizar con un protocolo la valoración del estado de salud real de esos presos para determinar si, tal y como exige el Código Penal para la excarcelación inmediata, existe un «peligro patente para vida del interno» o si exclusivamente el recluso sufre un «padecimiento incurable, pero que no conlleva un peligro patente para la vida».