El gasto social registra su mayor incremento desde el año 2010
Los Presupuestos que fueron presentados este lunes en el Congreso de los Diputados tienen un marcado carácter social. Las cuentas públicas registran un incremento del gasto que no se veía desde las de 2010, sobre todo debido al gran aumento por pensiones o dependencia. El total del gasto no financiero de los PGE es de 345.358 millones de euros, un 5,3% superior al de las cuentas de 2018 realizadas por el gabinete del exministro Montoro.
«La clara orientación social de los Presupuestos tienen la finalidad de que toda la ciudadanía pueda recibir los beneficios del crecimiento economico, sobre todo para los colectivos que han sido más perjudicados por la reciente crisis económica», expone el texto.
Así, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hizo hincapié durante la rueda de prensa posterior a la presentación de los Presupuestos ante la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que el 57,3% del total consolidado corresponde a gasto social hasta los 209.510 millones de euros, «el mayor crecimiento del gasto social desde 2009», asegura el proyecto de PGE.
Destaca la política de pensiones, que aumenta un 6,2% para revalorizarlas conforme al IPC hasta un total de 153.854 millones de euros presupuestados, «la mayor dotación histórica», explican desde Hacienda. Esta elevada cifra supone que 42 de cada 100 euros del Presupuesto se destina a pagar pensiones. Esta medida afectará a 9,5 millones de pensionistas, ya que todas las pensiones aumentarán un 1,6% y las mínimas y no contributivas un 3%.
Más allá de las pensiones, la dependencia será uno de los campos más beneficiados respecto a los Presupuestos anteriores. En total, se prevé una inversión de 2.232 millones de euros, el 59,3% más que el año pasado (831 millones), con el objetivo de que esta medida beneficie a 270.000 personas, según las cuentas. Y es que actualmente más de 250.000 personas con derecho a prestación no la perciben.
Así, las transferencias destinadas a ayudas directas a las familias aumentarán en 321 millones de euros, y la partida destinada a que el Estado vuelva a financiar las cuotas sociales de los cuidadores no profesionales de personas dependientes, 315 millones.