Diario de León

El fiscal pide para Ana Julia prisión permanente por el asesinato de Gabriel

El Tribunal Supremo tumba la primera condena a prisión permanente revisable.

Ana Julia Quezada. CARLOS BARBA

Ana Julia Quezada. CARLOS BARBA

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AGENCIAS | MADRID / ALMERÍA

La Fiscalía de Almería ha solicitado la prisión permanente revisable por asesinato con alevosía para Ana Julia Quezada Cruz, autora confesa de la muerte del menor Gabriel Cruz el 27 de febrero de 2018 en la pedanía nijareña de Rodalquilar, en Almería.

Ana Julia será juzgada ante un tribunal con jurado. La Fiscalía acusa además a la autora del crimen de dos delitos de lesiones psíquicas producidas a los padres y pide diez años más de prisión, cinco por cada uno de ellos, y la prohibición de comunicación o aproximación a una distancia de un kilómetro durante 30 años. Como responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que la acusada Ana Julia Quezada abone una indemnización de 300.000 euros para cada uno de los padres, en concepto de reparación por el daño moral causado y por el mismo delito la cantidad de 160.000 euros a la abuela paterna. También incluye el pago a Patricia Ramírez y Angel Cruz de 170.000 euros, 85.000 euros por cada uno, por los gastos médicos-farmacéuticos acreditados.

Ana Julia tendrá que hacer frente, si resulta culpable, al pago de 200.203 euros de los gastos generados en el amplio despliegue operativo que se puso en marcha en la búsqueda del menor desaparecido durante once días.

El Tribunal Supremo revocó ayer la primera pena de Prisión Permanente Revisable (PPR) que llega al alto tribunal en un recurso de casación. Se trata de la sentencia que impuso la Audiencia Provincial de Tenerife, y luego confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a un acusado de asesinato debido a que se tuvo en cuenta una misma circunstancia, la vulnerabilidad de la víctima, para aplicarle dos agravantes distintas: la alevosía y la específica que prevé el Código Penal para víctimas indefensas por enfermedad o discapacidad. Según los magistrados, esto vulneraría el principio ‘non bis in idem’, que no permite castigar dos veces a un acusado por una misma circunstancia.

Sustituye el máximo castigo por 24 años de cárcel al asesino de Icod de los Vinos porque la Audiencia de Tenerife aplicó mal una agravante.

El 14 de enero de 2016 el acusado Sergio Díaz fue al domicilio de la víctima, Salvador Valentín, de 66 años, en Icod de los Vinos y le asestó 30 puñaladas y golpes con diversos objetos hasta causarle la muerte por la grave pérdida de sangre. Salvador, abuelo de la expareja del condenado, padecía una discapacidad a causa de un ictus sufrido hacía años. Una circunstancia que le provocaba alteración del lenguaje y marcha inestable, por lo que su capacidad de reacción a estímulos «era más lenta y torpe»,

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