«La despoblación rural exige un plan específico»

georgino fernández | león

Concha Fernández presume de que Recortes Cero «se distingue nítidamente» del resto de alternativas políticas en los dos ejes fundamentales de su programa: la redistribución de la riqueza y la defensa de la unidad de las nacionalidades y regiones de España. Y lo argumenta. «La economía está creciendo, y los bancos y oligopolios multiplican sus beneficios. Pero el crecimiento debe llegar a toda la población y no sólo a una minoría. Hay que redistribuir la riqueza, poniendo los enormes recursos económicos del país al servicio de la mayoría. De esta forma sí es posible atajar el empobrecimiento y las desigualdades. Pero para redistribuir la riqueza necesitamos estar unidos. La división y el enfrentamiento sólo benefician a quienes pretenden mantener los recortes y proteger sus privilegios».

Le preocupa la despoblación que sufre una provincia como León. «Hay que desarrollar —afirma— el mundo rural con un plan específico, y financiación, para el crecimiento económico y la repoblación rural. Ese plan tiene que plantearse dentro de un plan general de desarrollo económico de Castilla y León, que también promueva la diversificación de la actividad productiva ligada a la creación de actividades económicas en el ámbito rural, como el aprovechamiento agrario, forestal y ganadero sostenible, que incluya la formación de cooperativas en todos los sectores».

Considera que no se está abordando la transición energética de forma justa con las zonas mineras. «En este largo proceso de cierre de la minería los Fondos Mineros no han servido a su objetivo, que era la reindustrialización de las comarcas y la generación de empleo alternativo. Se han usado, por un lado, en garantizar las rentas pasivas –es decir, la subvención del cierre de pozos y las prejubilaciones-, y, por otro lado, se han utilizado políticamente. Los Fondos han sido utilizados por la administración central, autonómica y local para sustituir a sus propios presupuestos».

En cuanto a los servicios sociales y el reto de que lleguen a todos los ciudadanos lo tiene claro: «Lo primero sería un Plan nacional de Urgencia, Solidaridad y Reintegración Social por valor de 18.000 millones de euros, que se obtendrían de ahorrar un 20% de los gastos innecesarios del Estado, eliminando el despilfarro y la corrupción: es decir 25.000 millones».