Altos cargos de la Generalitat niegan que el 1-O costase dinero a los catalanes

efe | madrid

Las defensas del juicio del ‘procés’ centraron sus esfuerzos en combatir la acusación de malversación de nueve acusados con los testimonios de altos cargos de la Generalitat que han negado la existencia de contratos públicos para el 1-O, que a su juicio no causó «ningún perjuicio» en las cuentas catalanas.

Son el exdirector del gabinete jurídico de la Generalitat y la directora general de Contratación, Francesc Esteve y Mercé Corretja, respectivamente, que apoyaron la versión de algunos acusados en cuanto a la ausencia de partidas públicas para la organización del referéndum, declarado ilegal.

«No existe contrato formal específico para actividades del 1-O, ni afectación presupuestaria, ni reserva de crédito, ni factura pendiente», aseguró Esteve, investigado por un juzgado de Barcelona, que fue desgranando uno a uno los contratos en los que la Fiscalía ve indicios de malversación.

Ni en la campaña Civisme, que quedó desierta porque las adjudicatarias renunciaron; ni en el registro de catalanes en el exterior, que desvinculó completamente del 1-O; ni en los anuncios de las vías del tren difundidos por medios públicos catalanes; ni en los encargos a la empresa postal Unipost, la Generalitat destinó un solo euro público al referéndum, según Esteve.

En un tono menos político y más técnico, Mercé Corretja también negó la existencia de contratos públicos para el 1-O y restó validez al intento de Unipost de cobrar una factura al departamento de Trabajo porque se sirvió de una nota de entrega que «formalmente no cumplía los requisitos necesarios».

La jornada de ayer también se centró en el cerco a la Conselleria de Economía el 20-S, donde estuvieron tanto la exdiputada de la CUP Mireia Boya, como el histórico diputado de CDC Joan Vallvé, candidato a las europeas por la lista de Puigdemont. Ambos ahondaron en el carácter pacífico y «festivo» de la convocatoria.