Casado duda que los secesionistas hayan adquirido la condición de diputados
nuria vega | madrid
No se ajustaron a los usos del Congreso y Pablo Casado cuestiona incluso que los representantes de Esquerra y Junts per Catalunya hayan completado correctamente el procedimiento para convertirse en parlamentarios. Algunas de las fórmulas que el martes emplearon en la Cámara baja para acatar la Constitución incluyeron expresiones de «lealtad al mandato democrático del 1 de octubre», el referéndum de 2017. Y Oriol Junqueras, que prometió «desde el compromiso republicano», se refirió a sí mismo como «preso político». A eso se agarra el presidente del PP para sostener que, en su opinión, «hay varios diputados que no lo son a día de hoy».
Casado, en un acto de campaña en Barcelona, volvió a reclamar a la recién designada presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la revisión de todos los juramentos. «Si no han adquirido la condición de diputados -añadió-, se tendrían que tomar medidas de convocatoria de nuevas sesiones parlamentarias». Y, en caso contrario, instó a la suspensión inmediata de los cuatro representantes que cumplen prisión preventiva: Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. Deslizó también que el PP estudiará la figura de «perjurio» que existe en «otros ordenamientos jurídicos». En concreto, se refirió a la normativa estadounidense. «Es decir -explicó Casado-, jurar sabiendo que lo haces falsamente o de forma ofensiva contra la legalidad». De momento, los populares han registrado una propuesta de reforma del reglamento del Congreso para que «Sí, lo juro» o «Sí, lo prometo» sean las únicas respuestas válidas para acatar la Carta Magna en la sesión constitutiva de la Cámara baja. Además, el PP presentó un escrito a la Fiscalía con el que denuncia los vídeos que Junqueras, Sànchez, Turull y Rull grabaron el lunes en el Congreso cuando fueron a entregar sus credenciales y cumplir los trámites como diputados electos. Aunque ninguno compareció ante los medios ni participó en reuniones de trabajo, algo expresamente prohibido por el Tribunal Supremo en la providencia del 17 de mayo, los populares creen que sí «soslayaron» el permiso judicial.