El Congreso decidirá sobre los presos tras el rapapolvo del Supremo
Marchena responde a Batet que la suspensión de los diputados es competencia de la Cámara baja.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ofreció ayer su punto de vista sobre la cuestión. EFE
colpisa | madrid / barcelona
El Tribunal Supremo no resolverá la papeleta al Congreso. El juez Manuel Marchena replicó ayer a la carta enviada por la presidenta de la Cámara que ya ha dicho todo lo que tiene que decir respecto a la posible suspensión en funciones de los cuatro diputados en prisión preventiva a los que se está juzgando por rebelión. Encajado el reproche, Meritxell Batet optó por pedir un informe a los letrados del Parlamento sobre cómo aplicar la ley o el reglamento antes de tomar una decisión definitiva. Será el órgano de gobierno de la institución, convocado a las 12.30 por segundo día consecutivo, el que diga hoy la última palabra sobre el asunto, a pesar de las presiones de PP y Ciudadanos, que instaron a no demorar más la inhabilitación provisional de los secesionistas procesados.
La suerte de partido de tenis que se ha librado estos días entre dos de las principales instituciones del Estado deja rasguños. Fuentes del alto tribunal argumentaron ayer que el informe reclamado el miércoles por la socialista Batet es «inconcebible jurídicamente», que la separación de poderes hace «inviable» que el tribunal pueda realizar al Parlamento cualquier tipo de asesoramiento y que la presidenta debería saberlo porque para eso tiene unos servicios jurídicos a disposición de la Cámara. En suma, existe un «indisimulado malestar», perceptible en lo escueto del escrito que Marchena remitió al Congreso. Pero el sentimiento es mutuo.
Ya la anterior Mesa, presidida por la popular Ana Pastor, que desde el martes ocupa la Vicepresidencia Tercera, consideraba, según fuentes consultadas en los últimos días, que era necesario un pronunciamiento del Supremo más allá del auto del pasado 14 de mayo al que volvió a remitirse el presidente de la sala del ‘procés’ en su último escrito. Esa era la posición de los letrados que, según Batet, en una larga reunión de la Mesa actual, expresaron ayer además sus «dudas» sobre qué precepto jurídico puede aplicarse en el ámbito parlamentario.
La exministra de Política Territorial, alegó que son precisamente esas dudas las que justifican que se elabore un informe jurídico concluyente.
El caso del parlament
La batalla jurídica y política que libran Tribunal Supremo y Congreso ya se vivió meses atrás en el Parlamento catalán. Antes que diputados en las Cortes, algunos de los parlamentarios que ahora corren el riesgo de ser suspendidos fueron diputados autonómicos. Así, hace casi un año, en el mes de julio, el juez del Supremo, Pablo Llarena, tras dictar el auto de procesamiento contra los líderes del ‘procés’, envió al Parlamento catalán una notificación según la cual comunicaba la suspensión de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez. El juez Llarena reclamaba además al presidente de la Cámara catalana que actuara en consecuencia. Eso sí, en su auto, abrió la puerta a que la Cámara catalana habilitara una fórmula para que se suspendiera a los diputados sin que se alterasen las mayorías.