Vox vuelve a agitar el debate político en Madrid con el colectivo LGTBI
efe | madrid
La petición de información de Vox sobre acciones formativas LGTBI en centros escolares madrileños ha vuelto a agitar el debate político con los derechos de este colectivo, que ya protagonizó una de las exigencias del partido de ultraderecha para negociar el apoyo a un Gobierno de PP y Cs en Madrid.
La líder del partido ultradrechista en la región, Rocío Monasterio, presentó un escrito en la Asamblea de Madrid en el que solicita información al Consejo de Gobierno de colegios públicos y concertados en los que el colectivo LGTBI Cogam haya realizado actividades «informativas, formativas o de otra índole».
En concreto, pide la «fecha de celebración de la actividad, el centro en el que se realiza, el temario o información trasladada, breve descripción de la actividad o experiencia desde 2015 incluido hasta la fecha actual, nombre y apellidos del ponente o ponentes y cuál ha sido la clase o clases destinatarias».
La Consejería de Educación explicó que las acciones formativas extraescolares en los centros educativos no son determinadas por la consejería, sino que dependen «exclusivamente de cada centro», por lo que no disponen de listados como los que pide Vox.
Además, informó de que «no hay ni una sola denuncia» ante la inspección educativa por adoctrinamiento en las aulas madrileñas, al tiempo que resaltó que la consejería «ha cumplido, cumple y cumplirá escrupulosamente» con la Ley Orgánica de Protección de Datos.
A través de Twitter, Vox defendió su requerimiento de información. «A ver si ahora no se va a poder fiscalizar lo que se hace con la educación de nuestros hijos», escribió.
La petición despertó las críticas de partidos de izquierda, sindicatos y asociaciones. El grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid anunció que denunciará a la Fiscalía esta solicitud, el PSOE-M no descarta hacerlo, mientras que Más Madrid sugirió que sea la propia Consejería de Educación quien lo haga «a iniciativa propia».
Por su parte, CC OO anunció que tomará «todas aquellas medidas legales» necesarias ante la Agencia española de protección de datos y ante el Tribunal Constitucional si se cede esta información a Vox.